PAREMIOLOCOGI@

¿Desastre natural o desastre gubernamental?

Arturo Yáñez Cortes.- En mi ignorancia, había pensado tiempo atrás que la acostumbrada “declaratoria de desastre natural” que las administraciones realizaban ante inundaciones y otros fenómenos naturales, era sólo un canto a la bandera y nada más; pero como la única manera de salir de aquel estado es el aprendizaje, pude aprender que el tema está regulado por la “Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias” del 25 de octubre de 2000
Sancionada durante la administración de Hugo Banzer, (cuando hacía de demócrata y no antes) cuyo objeto consiste en “regular actividades en el ámbito de la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias y establecer un marco institucional apropiado y eficiente que permita reducir los Riesgos de las estructuras sociales y económicas del país frente a los desastres y/o emergencias, y atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas”. Entre sus principios, la ley dice que las medidas adoptadas en el marco de esa norma son de cumplimiento obligatorio; que todas las personas que viven en el territorio nacional tienen derecho a la protección de su integridad física, infraestructura, bienes y medio ambiente frente a posibles desastres y/o emergencias y así otras linduras. Encarga al Presidente de la República declarar, mediante Decreto Supremo, la situación de desastre y/o emergencia, debiendo clasificarlo según su magnitud y efectos; carácter nacional (si afecta a más de dos departamentos), departamental (a más de dos municipios) y municipal (a uno). Una vez declarado el desastre (por decreto) entra en vigencia el régimen de excepción, lo que permite, principalmente, captar y/o disponer con mayor amplitud recursos para atender los daños.
Así las cosas, a cualquier mortal le indignará que a partir de lo visto en los medios (acabo de ver una foto en la que el agua está cerca de la plaza principal de Trinidad) e incluso según informaciones oficiales, sólo en el Beni el número de familias afectadas superó las 60.000 incluyendo la muerte de más de 40.000 cabezas de ganado, la administración central siga manteniendo su tozuda negativa para reconocer por Decreto, el evidente desastre. Otra vez más, de nada sirvió la NCPE cuando declama que es deber de tod@s l@s bolivian@s, socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales.
¿Será que están pesando más los viles intereses partidarios que el sufrimiento de nuestros compatriotas? ¿Le será tan difícil al gobierno ponerse genuinamente en los zapatos –mojados y embarrados– de quienes sufren por aquellos desastres, sin importar por quién votaron o votarán? ¿Será otro castigo o venganza gubernamental a quienes no eligieron a la candidata del oficialismo? ¿Interesará más salir en la fotito aunque sea con dos bolsitas de fideo en lugar de alguien de la oposición? De ser así, no sólo estaríamos ante un desastre natural sino –como alguien ya lo dijo– ante un grave desastre gubernamental, pues el anteponer lo partidario por encima ya no sólo de la ley –ya estamos acostumbrados– sino esencialmente la desgracia de los seres humanos, probaría hasta dónde puede degradar el ejercicio del poder rompiendo todos los límites legales y éticos. Ya lo dijo ARISTÓTELES: “Es mejor ser gobernado por una ley que no tiene pasiones que por un alma humana para la cual las pasiones (le) son connaturales”.