OBSERVATORIO

Los jueces que rechazó el soberano

Demetrio Reynolds.- Hace tiempo que la justicia es una vergüenza nacional, pero no se pensó que podía llegar adonde ya no puede ser peor. Los jueces que rechazó el electorado tocaron fondo. Sin embargo, vuelve una y otra vez la falacia de que fueron elegidos por voto popular. No hubo tal. A lo mejor por la profusa propaganda, el embuste se mantiene aún en quienes opinan desde la vereda opuesta.
Con el “proceso de cambio”, el viejo aparato venal emprendió la caída libre; parte de ella es la escisión en justicia ordinaria urbana y comunitaria rural, ambas signadas por la mediocridad y la corrupción. Pero el que le asestó el golpe de gracia fue el presidente del TCP. Unos días después de renunciar quiere seguir siendo presidente; parece ignorar la función que desempeñaba. No estaría mal que decidiera irse a su casa.
El descalabro tiene su historia. En 2009, por solicitud de la oposición se incorpora al texto constitucional el Art. 182 – II, a través del cual se otorga a la Asamblea Plurinacional la potestad exclusiva de efectuar la preselección de postulantes a la judicatura; en tanto que los dos tercios logrados por el MAS en las elecciones del mismo año, significó instaurar la dictadura del “número” en la Asamblea, con mayor poder que la propia CPE.
Dos años después (2011), con el tema “justicia”, el Gobierno tiene dos opciones: Utilizar el poder para una decisión política o propiciar el tratamiento técnico en la preselección de candidatos. Se inclina por la primera y convoca a sus militantes abogados. Con ellos se efectúa una burda parodia de evaluación. Se desdeña los méritos profesionales y se aplica la fórmula banzerista: “Una tonelada de lealtad a cambio de un gramo de inteligencia”.
Conformado así el Tribunal, su principal labor era avalar la reelección de Morales. El Gobierno negó pero el tiempo se encargó de evidenciar la conjetura. Nunca les interesó la idoneidad sino la apariencia: “Más allá de lo que puedan hacer como jueces, la composición es importante”, dijo a Panamericana el Ministro de Gobierno. A su vez, un senador por Chuquisaca enarboló este racismo: “Con estas elecciones estamos bajando al doctorcito, el privilegiado de ayer. Estamos democratizando el acceso al poder de la justicia”.
No sirve para todo la democracia senador Sánchez; ahí está el resultado. Los jueces sólo tenían el respaldo gubernamental, pero se les retiró el apoyo al manifestar que se equivocaron al elegirlos. Ahora no tienen el respaldo de nada ni de nadie. En vano invocan al pueblo como referente de responsabilidad; él no los eligió. En resguardo de su dignidad personal, lo mejor que pueden hacer es renunciar. Y dentro de un término perentorio, se iniciaría otro proceso con un procedimiento racional y técnico para la nueva composición del máximo tribunal de justicia. Claro está: se dice con más fe que esperanza. De este Gobierno es como pedir peras al olmo.