EDITORIAL

Beni exige solidaridad

Es difícil explicar la resistencia del Gobierno a declarar a Beni como zona de desastre, pues pareciera irracional considerar que el sectarismo y la incapacidad de gestionar en forma participativa la administración pública den curso a asumir esa actitud. Ya se comentó el hecho de que el año 2008 y sin que los desastres provocados por las intensas precipitaciones pluviales de ese año se asemejen a lo que ahora está ocurriendo, el Gobierno declaró Beni como zona de desastre y canalizó ingentes recursos a la región. Hoy se resiste a hacerlo y, además, acusa al Gobernador de ese departamento de exigir esa declaratoria presuntamente para no gastar los recursos de la Gobernación para paliar los desastres y destinarlos a la futura campaña electoral.
Se trata de una actitud insensible que debe provocar una reflexión porque no hay un argumento coherente que la justifique, aunque es posible sentar dos hipótesis que la expliquen: Una, que el Gobierno quiere evitar dar protagonismo al Gobernador del Beni, en un intento por cosechar adherentes en un departamento que en forma reiterada le ha dado la espalda electoralmente. La segunda, su voraz concepto centralizador de la administración pública y de los recursos, que le resta capacidad para encarar obras en forma conjunta con autoridades departamentales, sean o no de la misma posición ideológica.
Sin embargo, esta injustificada negativa a declarar a Beni como zona de desastre –ateniéndonos a las declaraciones que se realizan y se publican en las redes sociales– le está costando un serio desprestigio que probablemente presentará facturas en las próximas elecciones generales.
Desde otro enfoque, la forma en que se están enfrentando en el territorio nacional los desastres provocados por las lluvias, permite apreciar una estructural incapacidad del Órgano Ejecutivo de administrar eficientemente las acciones y los recursos del Estado. A su vez, esta incapacidad permite avalar las afirmaciones de muchos analistas de que la situación de bonanza económica de la que se ha beneficiado el país se debe fundamentalmente al incremento sin precedentes de los precios de nuestras materias primas.
En ese contexto, bien harían las autoridades en reflexionar sobre su forma de actuar en relación a los desastres acaecidos en Beni. No se trata únicamente de que por la presión que se generaliza, declaren zona de desastre esa región del país, sino de modificar una forma de gobierno caracterizada por demasiada soberbia y autoritarismo.
Analizando la situación interna del país (incluyendo las futuras elecciones) y el entorno externo, particularmente Venezuela y Argentina, bien harían en considerar que más allá de los circunstanciales grupos e ideologías que, por el favor electoral, dirigen una nación, lo que corresponde para la legitimización política es buscar pactos de concertación para enfrentar los profundos problemas que tiene el país y que sólo podrán ser resueltos con el concurso de toda la ciudadanía.
Es, pues, el momento del encuentro y la solidaridad. Por ello Beni exige que sea declarada zona de desastre y que para enfrentar la tragedia se aúnen fuerzas y no se busquen adversarios. (Reedición)