EDITORIAL

La crisis en el Tribunal Constitucional

Con la sucesión de escándalos –de diferentes dimensiones– que sobresaltan permanentemente a la ciudadanía, lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) los últimos días corre el peligro de ser considerado uno más de aquéllos, cuando no es así, pues se trata de una situación muy peligrosa que puede conducir a su total deslegitimación, dejando, si esto sucede, inerme a la sociedad frente al Estado.
Como establece la Constitución Política del Estado (CPE) este Tribunal “vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales”. Es decir, su misión fundamental es poner límites al poder del Estado en su relación con la sociedad.
De ahí que en la mayoría de los países donde funciona este Tribunal, su composición responde a criterios de idoneidad profesional y moral, pluralismo político y colegiatura, para así garantizar por sobre todo otro interés el de la gente.
Lamentablemente desde la crisis política de los años 2000, el trabajo del TCP ha estado permanentemente presionado por intereses políticos circunstanciales, llegado al extremo en esta gestión cuando se ha elegido a sus miembros, en un proceso mañoso, sobre criterios predominantemente ideológicos (cuando no partidarios). De esa manera, salvo importantes excepciones que no se debe desconocer, los fallos que hasta ahora se han emitido se alinean dentro del interés del oficialismo. Probablemente la muestra más concreta de esta percepción sea declarar constitucional la tercera postulación continua de los primeros mandatarios en la selecciones de octubre próximo.
Sin embargo, y como en toda estructura política, los intereses particulares, así sean maquillados, hacen que las contradicciones entre sus miembros se profundicen, más aún cuando ellos mismos saben que los principios y la ley, en momento extremos, pasan a segundo plano. En este contexto la grotesca actuación del anterior presidente del TCP al renunciar y, luego, querer mantenerse en ese espacio con el apoyo de los movimiento sociales afines al partido de gobierno, muestra que la descomposición interna ha llegado a límites extremos, tremenda responsabilidad que recae tanto en sus actuales miembros como en los diversos operadores del partido de gobierno directamente vinculados a la administración judicial.
Pero el costo de esta crisis, hay que insistir, lo tiene que enfrentar la ciudadanía pues mientras el TCP siga en crisis y sus miembros sigan actuando en connivencia con los actores del oficialismo, la las garantías y derechos ciudadanos establecidos en la Constitución, pueden ser impunemente violados.
Por ello, los miembros del TCP que han logrado restablecer –así sigan recibiendo amenazas– la normalidad deberían esforzarse, si no quieren terminar totalmente deslegitimados, para revertir esta crisis y ello sólo será posible si ciñen sus actos a lo que norma la Constitución y tienen el valor de resistir y denunciar presiones políticas y corporativas de cualquier origen.
Está, pues, en sus manos recuperar esta vital institución estatal creada para el servicio a la sociedad en la siempre difícil relación con el Estado.