EDITORIAL

Innecesario acoso

Al margen de la pertinencia o no de declarar zona de desastre al Departamento del Beni por las intensas precipitaciones pluviales que han inundado prácticamente toda la región, provocando la muerte de muchas personas y efectos económicos graves, parece impertinente e insensible el acoso que desde el Gobierno, el Órgano Legislativo y la Contraloría del Estado se hace al Gobernador del Beni.
Esa actitud tan recurrente de parte de autoridades del Gobierno central, que asignan a todo opositor o disidente, defectos que en muchos casos ellas ostentan, es probablemente una de las razones que impide realizar acciones conjuntas en circunstancias en las que es indispensable una buena coordinación entre los niveles estatal y regional. La idea de que todo debe politizarse y, ahora, electoralizarse, prevaleciente en el Movimiento al Socialismo (MAS), hace que los procedimientos de ayuda sean ineficientes, lo que, obviamente, molesta a amplios sectores ciudadanos más aún si se utiliza un tema tan dramático para realizar proselitismo político.
Nadie niega el derecho que tiene el Estado y la sociedad de supervisar la forma en que se ejecutan las obras y se administran los recursos públicos, es más, es un deber hacerlo. Pero, además de que el ejemplo debiera ser dado por las principales autoridades del país –a quienes se emula–, lo cierto es que se exige para los adversarios lo que no se hace con los adherentes. Así, mientras, a guisa de ejemplo, se está buscando procesar al gobernador del Beni por nimiedades que pueden ser fácilmente explicadas, se ejecutan onerosas erogaciones para aprovechar, en función a un temprano y poco edificante proselitismo electoral, los desastres naturales que se comenta.
No importa si, para el caso, se viola la institucionalidad creada. Por ejemplo, la autoridad máxima en situaciones de emergencia es Defensa Civil del Ministerio de Defensa, que debe coordinar todas las actividades dirigida a socorrer a los damnificados de los desastres naturales. Sin embargo, hasta ahora esa repartición sólo aparece para recibir las críticas, mientras que hay otras instancias que se entrometen sin mayor control ni coordinación.
En este contexto, son tantas las necesidades y tan limitados los recursos, que las autoridades deberían modificar su conducta y, más bien, en cumplimiento de las normas y la institucionalidad existente se avengan a responsabilizar a Defensa Civil de la planificación y ejecución de las diversas tareas que se deben cumplir, en directa coordinación con las autoridades de la Gobernación del Beni y de los municipios afectados.
Seguir monitoreando desde La Paz y sin personal especializado la atención a los crecientes requerimientos de la población, no sólo que provocará mayores frustraciones en una ciudadanía que, más allá de adhesiones o rechazos político-ideológicos, lo que ahora requiere es de soluciones concretas.
Por lo señalado, bien haría el Gobierno en suspender el acoso político al Gobernador del Beni y, más bien, abrir las compuertas de la coordinación para que se pueda asistir en forma eficiente y oportuna a la población afectada por los desastres naturales.