BARLAMENTOS

Sumando pérdidas de nacionalizaciones

Winston Estremadoiro.- Editoriales de periódicos en Tarija, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba empiezan a cuestionar el costo de las nacionalizaciones y los arbitrajes internacionales. El fallo vinculante e inapelable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya favorece con $41 millones de dólares a la empresa británica Rurelec por “nacionalizar” 50.1% de la termoeléctrica Guaracachi. Desnudó una dimensión hasta ahora indeterminada de las medidas estatistas del Gobierno: el costo de indemnizar.
Algo tuvo que ver ese traspié en aguijonear a una Comisión congresal a informar que “el Estado boliviano recuperó menos del 10 por ciento de los mil millones de dólares” invertidos en instalar 60 empresas públicas, luego de la primera ola de privatizaciones de 1991. Un miembro declaró que “los gobiernos neoliberales no solo vendieron las empresas estatales a precio de gallina muerta, sino que también terminó endeudándose al país”.
No soy cohonestador de gobiernos anteriores al actual. Más bien, creo que el Estado debe asumir rol protagónico en recortar las alas de rapaces que lucran de este país de palomas. Pero considero que el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Qué base tienen empresas estatales creadas irreflexivamente? Ya hay varias que por más que insistan en soplarles el culito, serán pajaritos moribundos que no rendirán ingresos para invertir en salud, educación y vertebración.
Antes los detentadores del poder lisonjeaban a distritos con ‘regalos’ en el día de sus efemérides. Hoy el simbolismo populista calienta el protagonismo mediático presidencial, con tropas militares que añaden insulto al agravio, en nacionalizaciones cada 1 de Mayo. En ese Día del Trabajo en que se holgazanea, fuerzas militares ocuparon las oficinas de Red Eléctrica de España (REE), que gestionaba el 80% del Sistema Interconectado Nacional de Electricidad.
“Palo en la mañana, zanahoria en la tarde”, dice Carlos Miranda Pacheco del curioso procedimiento ‘nacionalizador’ del Gobierno. Yo diría que en la mañana palo a inversionistas, fotos con jeta mussoliniana, mano izquierda empuñada en alto y fanfarronería de tropas militares que añaden vituperio a la injuria; luego zanahoria no vespertina, sino en tiniebla nocturnal, cuando arreglos apaciguan a transnacionales y el pueblo duerme la mona del engaño.
Ante el riesgo ‘nacionalizador’, las empresas extranjeras dejan de invertir: ¿metería usted más plata a una inversión que le van a quitar? Sus administradores optan, como las golondrinas, por migrar su capital y su tecnología a lugares más acogedores. Ése es el trasfondo de que Perú tenga hoy mayores reservas de gas que Bolivia. ¿A quién se cobrará el capital intangible de bloquear el Pacific LNG por puerto chileno, hoy que otean exportar gas licuado por puerto y gasoducto peruanos?
Es cierto que las empresas prefieren un mal acuerdo que un buen juicio: ¿acaso sus accionistas comprenderían que la baja de sus acciones se debe a un largo pleito con algún Estado? La REE acordó con el Gobierno valorar juntos sus inversiones con miras a una eventual indemnización. Quedan pendientes arbitrajes con la argentina Pan American Energy; la chilena Quibórax reclama la revocatoria de once concesiones mineras. Hay cuatro otros pleitos. ¿A cuánto ascenderán las indemnizaciones?
Aún más cuestan los sesgos al calor de ideología obsoleta, demagogia megalómana o populismo trasnochado. Hay muchos. Para muestra está eso de vender gas a Cuiabá. A la estadounidense Enron no le importó incumplir normas ambientales que dañaron el bosque Chiquitano; en tiempo récord tendieron la línea que suplía a una termoeléctrica de su propiedad. ¿No era más urgente energizar pueblos bolivianos, o tender un gasoducto más corto para industrializar el Mutún?
Si privatizar es vender a precio de gallina muerta, estatizar y ‘nacionalizar’ cuesta el precio de dos gallinas muertas. El pueblo carga el fardo.