¿Carnaval constitucional?

Arturo Yáñez Cortes.- Coincidiendo con la llegada del “dios” Momo y a la vista de los acontecimientos ocurridos en el Tribunal Constitucional Plurinacional y otros tribunales compuestos por magistrados “electos”, pareciera que estamos ante un carnaval constitucional, caracterizado por denuncias, metidas de pata, renuncias y retiros, presiones de “movimientos sociales”, amenazas de juicios, peleas por el trono, precintados de oficinas y otros escándalos, que no hacen más que seguir degradando la ya muy venida a menos “majestad” de la justicia plurinacional, dando la sensación que están en el sálvese quien pueda y que el último apague la luz.
Sin duda que esa debacle de la “nueva justicia” como fue propagandeada por el oficialismo que ahora –hipócritamente– reniega de su criatura junto con quienes le ayudaron a concebirla, data desde mucho antes, pero es inocultable que los aportes de la actual administración han sido de tal factura, que constituyen el tiro de gracia a la Diosa Themis, reducida a un fusible más para ser sacrificada en aras del proceso de cambio, ad eternum.
Dentro de ese panorama que simplemente cumple aquello de “tenemos el gobierno pero queremos el poder” (total), como amenazó un alto cargo que ahora en vista del desastre de su obra, vierte lágrimas de cocodrilo (para la platea electoral) y sin que implique que los otros tribunales estén mejor, resalta el deplorable espectáculo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha puesto en escena las últimas semanas. Tal vez en su caso, el descrédito tenga mayor relevancia por el rol asignado como guardián de la Constitución para precautelar el respeto y vigencia de derechos y garantías de las personas, peor cuando como sostuve columnas atrás, ese tribunal se inmoló bendiciendo la rererelección del actual gobierno –cuyos asambleístas los eligieron en el cargo–, en contra de la propia norma constitucional y hasta elementales reglas aritméticas.
Y aunque la crisis no parece haber tocado fondo, para intentar resucitar la triste imagen del TCP, les propongo a sus miembros empezar por hacer lo que el viejo adagio aconseja: "La mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino también parecerlo”. Para ello, recogiendo los lamentos que recibo como Vicepresidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca de mis colegas –que temen represalias de hacerlos públicos con su nombre-, el TCP debiera diferenciar lo urgente de lo importante y empezar resolviendo estos problemas que afectan significativamente su transparencia: 1) cumplir rigurosamente los plazos que sus propias normas fijan para resolver sus causas; es un insulto a la transparencia que sean resueltas seis u ocho meses después de sorteadas y que luego “aparezcan” como si habrían sido resueltas más de medio año antes, pues el fallo lleva por fecha la correspondiente al vencimiento del plazo de 30 ó 40 días; 2) el sistemático incumplimiento de la obligación legal impuesta por el Código Procesal Constitucional para notificar a la parte por correo electrónico con su fallo dictado; extremo que no se cumple pese a que se fija la casilla electrónica; 3) por lo anterior, las notificaciones con los fallos se realizan de forma que se impide pedir la explicación de lo resuelto (no sé si para evitarse mayor trabajo, poner en evidencia la diferencia entre la fecha que lleva la resolución y la de su real emisión o por ambas causas); 4) la sistemática desactualización de su sitio web: los fallos salen publicados mucho después de su emisión; no aparece la fecha del sorteo de la causa (así es más difícil controlar el vencimiento del plazo máximo de resolución) y la demora en cargar las causas nuevas que llegan al TCP; 5) la burocracia para tomar conocimiento del avance del trámite: pese a que la parte está apersonada, no se le notifica con los proveídos del TCP y menos se le facilita copia (se exige un memorial para el efecto).
En suma, deben desvirtuar aquel chiste que circula en el foro en sentido que los únicos plazos que cumple el TCP son los que benefician al gobierno y recordar aquello de SOLON: “La sociedad está bien ordenada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados, y los magistrados a las leyes”.