COOPERACIÓN. La Ministra de Justicia, autoridades del sistema judicial y embajadores de la UE firmaron ayer un memorándum de entendimiento.

EL CONALAB PIDIÓ NUEVA CUMBRE PARA ABORDAR LA CRISIS JUDICIAL

Gobierno firma convenio con UE y rechaza cumbre

Sucre/CORREO DEL SUR

El Gobierno no quiere más cumbres para abordar la crisis judicial y descartó la sugerencia del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB) que ayer propuso otra cita; en cambio ayer, el Ministerio de Justicia y las autoridades del sistema judicial, firmaron ayer en Sucre, un memorándum de entendimiento con la cooperación europea y las Naciones Unidas para encaminar nuevas estrategias de trabajo destinadas a superar la situación de crisis.
En criterio del CONALAB, las anteriores cumbres, sólo sirvieron para identificar las debilidades en el sistema judicial y no se plantearon soluciones integrales, y tampoco se involucró al Gobierno.
En ese marco, ayer el directorio del CONALAB, reunido en Sucre, determinó plantear una nueva cumbre judicial encabezada por el presidente Evo Morales para asumir definiciones sobre el presupuesto del Órgano Judicial que no llega ni al 1%, además de la falta de infraestructura, capacitación y solución al descongestionamiento de la carga procesal.
“Las anteriores cumbres no dieron resultados porque no hay políticas institucionales desde el propio Gobierno, para otorgar un adecuado presupuesto; no se puede pedir que mejore la justicia de manera aislada y si no hay una normativa adecuada desde la Asamblea Legislativa”, aseguró el presidente del CONALAB, Saúl Fuentes.
Por su parte, la ministra de Justicia, Elizabeth Sandra Gutiérrez, descartó la realización de una nueva cumbre judicial y anunció que desde su Cartera están diseñando nuevos mecanismos para concretar los cambios en la justicia; de esa manera restó crédito al pedido del directorio del CONALAB, que según ella, se trata de “un grupo de abogados” que no representa a todos los profesionales.
“Estamos cansados de cumbres y reuniones que no dieron resultados, el año pasado se realizaron cumbres. Como Ministerio de Justicia estamos buscando otros mecanismos que den ese giro de transformación en la justicia”, aseguró Gutiérrez.


MESA DE CONCERTACIÓN
El Gobierno y el sistema judicial firmaron ayer un memorándum de intenciones con el Grupo Europeo de Justicia y el Sistema de Naciones Unidas para mejorar la administración de justicia.
La ministra Gutiérrez informó que en el marco de este convenio, en primera instancia necesitarán proyectos sobre cómo mejorar la justicia, y la Unión Europea está dispuesta a apoyar con recursos económicos.
El embajador de la Unión Europea, Timothy Torlot, sostuvo que las autoridades nacionales deben priorizar las necesidades para plantear iniciativas destinadas a mejorar el sistema de justicia en Bolivia, y la cooperación internacional que encabeza, está dispuesta a apoyar proyectos para devolver a los bolivianos la confianza en su sistema judicial.
Agregó que el problema del hacinamiento en las cárceles y la retardación de justicia son las prioridades para la UE y la ONU, y sugirió que la primera reunión de la mesa sectorial sea en abril para identificar los temas prioritarios.
“Deseamos un sector judicial fortalecido activo al servicio de los bolivianos, una justicia independiente encabezada por los mejores hombres y mujeres escogidos por sus méritos”, señaló Torlot.
El memorándum de entendimiento fue firmado por los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Fiscal General, Ministra de Justicia y los embajadores y representantes de la Unión Europea, España, Suecia, Suiza y Alemania.

Apuntes

El Tribunal Supremo de Justicia presentó ayer su árbol de jurisprudencia de Autos Supremos.
El Consejo de la Magistratura continúa analizando el nuevo reglamento de carrera judicial.
El Fiscal General dijo que el cambio de justicia no es tarea sólo de los operadores.
El presidente del TCP, Efren Choque demandó la consolidación de la justicia plural.
La UE asegura que el convenio busca la inclusión y la responsabilidad compartida.