PREPARATIVOS. Los miembros del Comité de Defensa de FANCESA, durante la reunión de anoche, en el Comité Cívico.

EL COMITÉ DE DEFENSA QUE IMPULSA EL MAS SUBE LA PRESIÓN SOBRE LA ALCALDÍA Y LA UNIVERSIDAD

Fijan para el 20 de marzo paro cívico contra plan de Fancesa

Sucre/CORREO DEL SUR

Habrá paro cívico de 24 horas el próximo 20 de marzo en Chuquisaca. Lo organizan desde anoche el Comité Cívico y las organizaciones e instituciones que rechazan la expansión de FANCESA en Santa Cruz –casi todas afines al MAS–, en protesta por la indiferencia de la Alcaldía de Sucre y de la Universidad San Francisco Xavier a su demanda, de dejar sin efecto la instalación del 30% de la nueva línea de producción de FANCESA en Santa Cruz, estrategia aprobada por las tres copropietarias de la empresa.
Los organizadores, que discutieron anoche los primeros detalles de la medida de presión en las instalaciones del Comité Cívico, planean bloquear el 20 de marzo todos los ingresos carreteros a Sucre, y también paralizar la circulación vehicular en la ciudad, para que su paro sea contundente.
¿Qué pasa si el paro en cuestión no logra hacer retroceder a la Alcaldía y a la Universidad en su intención de instalar parte de la nueva línea de producción en Santa Cruz? En la reunión de ayer se barajaron varias alternativas: el movimiento podría tomar la fábrica, pedir la renuncia de la totalidad del Directorio de FANCESA o, lo que es lo más probable, concentrarse en exigir la renuncia del alcalde de Sucre, Moisés Torres, hasta conseguirlo.
Los organizadores también planean usar todos los medios que estén a su alcance para que su paro sea total. En las próximas horas y días mandarán a emitir propaganda en las televisiones y estaciones de radio para informar "la verdad" a la población. También planean organizar ampliados o reuniones parecidas en todas las organizaciones posibles, para que la gente apoye el paro.
Una de las dirigentes del sector gremial, incluso, habló ayer de "meter miedo" en la federación que aglutina a los comerciantes del Mercado Central, para obligarlos a cerrar el día del paro.
Los asistentes a la reunión de anoche, una vez más, casi todos afines al MAS, insistieron en que su movimiento no es político, sino cívico, y acusaron a "algunos medios de comunicación" de "desinformar" a la población.
No hace mucho, el Transporte Pesado y el gobernador Esteban Urquizu sellaron un pacto político, que compromete a los transportistas a apoyar la reelección del presidente Evo Morales, y a Urquizu, a apoyar el rechazo a la expansión de FANCESA en Santa Cruz.
Como sea, el movimiento se mostró una vez más convencido de que la instalación del 30% de la nueva línea de producción de FANCESA en Santa Cruz perjudicará a Chuquisaca.
Los transportistas revelaron, por otro lado, que vienen trabajando en un proyecto de ley para cambiar la razón social de FANCESA: quieren convertirla en una empresa pública. Uno de los ex dirigentes dijo que la propuesta estará lista próximamente.
Mañana, jueves, los organizadores volverán a reunirse para afinar detalles.
"Garantizamos el bloqueo total de todos los ingresos a la ciudad y de todas las calles del casco viejo. No ha habido respuesta ni de la Alcaldía ni de la Universidad, ni siquiera por educación. Creemos que la posición de la Alcaldía es radical", dijo, mientras tanto, el secretario de Gobierno del Sindicato del Transporte Pesado, Gustavo Arciénega, en su intervención.
"Si el Alcalde no hace caso, saldremos todos los días a las calles para pedir su renuncia", avisó, por su parte, el ex concejal Vladimir Paca, del transporte libre.
Un último apunte: el concejal Nelson Guzmán, en una posición personal, se sumó ayer al movimiento que lideran el Comité Cívico y la Gobernación, y pidió que el Gobierno ofrezca una contraparte a la región por la millonaria inversión que ejecutará FANCESA, garantizando el financiamiento para la conclusión de la Diagonal Jaime Mendoza y otros proyectos carreteros.

El problema

Fancesa planea instalar el 30% de su nueva línea de producción en Santa Cruz para expandirse en ese mercado. La Alcaldía y al Universidad apoyan la propuesta; la Gobernación, el Comité Cívico y el Transporte Pesado se oponen.