EDITORIAL

Bolivia y el debate sobre las drogas

La decisión de varios países latinoamericanos de emprender una campaña conjunta para promover un cambio radical en la manera cómo hasta ahora la Organización de Naciones Unidas ha afrontado el problema de la producción, comercialización y consumo de drogas, ha marcado un nuevo e importantísimo hito en un camino que ya no parece tener retorno. Es que son ya tan irrebatibles los argumentos que respaldan las denuncias sobre el fracaso de las actuales políticas y, por consiguiente, tan urgente la necesidad de revisar muchos de sus fundamentos básicos, que la corriente a favor de que el tema sea incorporado en un primer plano de la agenda internacional no deja de crecer.
La reunión de Viena, que se realizó en el marco de un congreso preparatorio para una sesión especial de la Asamblea General en 2016, tuvo a Uruguay y a las recientes medidas adoptadas por ese país como el centro de la atención. No podía ser de otro modo, pues además de ser el primer país latinoamericano que se atreve a dar un enorme paso en el camino que conduce hacia la despenalización de las drogas, el gobierno uruguayo fue, precisamente por ese motivo, blanco de muy severas críticas por parte de la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes (JIFE), el órgano de las Naciones Unidas encargado de hacer cumplir los acuerdos internacionales sobre drogas.
La ofensiva verbal desatada contra el gobierno uruguayo, con el argumento de que su decisión de legalizar el cultivo, venta y consumo de marihuana contraviene lo dispuesto en la Convención de 1961, fue respondida por el presidente uruguayo José Mujica en términos cuya dureza fueron fiel reflejo de la facilidad con que se encienden los ánimos cuando de un tema tan controversial se trata. Lo que a su vez sirve como anticipo de lo que se puede esperar cuando dentro de dos años el tema sea abordado durante la Asamblea General de 2016.
En ese contexto, dados los antecedentes del tema y del lugar que nuestro país ocupa en el escenario internacional de las drogas y las políticas sobre la materia, resultan por demás significativos dos hechos que se contraponen a las tensas relaciones entre la JIFE y Uruguay. Nos referimos, por una parte, a la abundancia de elogios con que por primera vez ese organismo se refirió a los resultados obtenidos por el gobierno de Bolivia en la lucha contra las drogas, a los que calificó de exitosos, y a las expresiones de satisfacción que tales reconocimientos causaron en autoridades bolivianas.
Así pues, y asumiendo que los debates actuales son sólo los prolegómenos de los que llegarán a su nivel más alto en la Asamblea General de 2016, se diría que Uruguay y Bolivia, cada cual a su manera, están ya en el primer plano de la polémica. Y nuestro país, paradójicamente, elevado nada menos que por la JIFE a la categoría de modelo a seguir.
Abierto el debate ya en escenarios internacionales, sin duda no habrá manera de eludirlo. Y tampoco habría porqué hacerlo, porque el nuestro es sin duda uno de los países más afectados por las decisiones que se tomen. Razón más que suficiente para que el tema sea incorporado a un primer plano de la agenda pública nacional.