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INFORME. El Delegado de la Oacnudh volvió a reiterar sobre la crisis de la Justicia en Bolivia.
SEGÚN EL INFORME DE OACNUDH
ONU: La crisis judicial se profundizó en 2013
ONU: La crisis judicial se profundizó en 2013
El documento afirma que los magistrados electos no revirtieron la crisis en la justicia
La Paz/EFE
La crisis de la administración de la justicia en Bolivia se ha profundizado aún más en 2013 y se caracteriza por retrasos, insuficiente cobertura, corrupción, impunidad y falta de recursos económicos, alertó ayer la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Así queda plasmado en el Informe sobre Derechos Humanos en Bolivia que elabora anualmente la ONU, el cual fue presentado ayer por el representante del OACNUDH, Denis Racicot.
Racicot sostuvo que las autoridades judiciales elegidas en las urnas en 2011 en Bolivia adoptaron numerosas medidas, pero "éstas aún no han podido revertir la profunda crisis en la administración de justicia, crisis que se profundizó aún más en 2013", señala el documento.
Además de las debilidades anotadas, Racicot subrayó "la falta de recursos del sistema judicial, cuyo presupuesto alcanza únicamente a 0,53 % del Presupuesto General del Estado".
El funcionario recordó que la ONU, la agencia de cooperación española (Aecid) y la Unión Europea (UE) respaldaron a Bolivia para la realización en 2013 de programas de capacitación para alentar la independencia judicial y el acceso a la justicia.
El informe, además, describe la "grave situación del sistema judicial penal, el 75% de rezago judicial, la aplicación excesiva y prolongada de la detención preventiva, la insuficiente cobertura del Ministerio Público", entre otras debilidades del sistema. El reporte de la Oacnudh también advierte sobre la persistencia del problema estructural del sistema penitenciario, tal y como reflejan el hacinamiento, el "uso excesivo de la detención preventiva, que asciende al 83,3 % de la población penitenciaria y la situación de los niños y niñas" que viven en las cárceles.
En el informe también señala que hay problemas que afectan el cumplimiento del "debido proceso" para víctimas y acusados de algunos juicios pendientes.
Juicios pendientes
El informe señala lentitud en el proceso judicial por la intervención policial contra la marcha indígena en 2011, conocido como Chaparina.
Juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por los hechos trágicos de 2003.
Agresión violenta contra indígenas en 2008 en Sucre.
Masacre de Porvenir 2008.
Caso de una presunta banda terrorista desmantelada en 2009.
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