EDITORIAL

Leyes de inversiones y minería

Después de varios años de continuas postergaciones, todo parece indicar que la Asamblea Legislativa Plurinacional por fin está a punto de terminar el tratamiento de dos muy importantes proyectos de ley. Por lo que se sabe, tanto la Ley de Promoción de Inversiones como la de Minería han sido ya aprobadas por ambas cámaras legislativas por lo que ya sólo faltaría cumplir con algunos aspectos formales antes de su aprobación y posterior promulgación.
Más de tres años ha durado todo el proceso que está a punto de concluir. Durante todo ese tiempo, se hicieron muy grandes esfuerzos entre las diferentes instancias estatales y empresariales directamente involucradas en ambos temas para superar discrepancias y alcanzar los consensos mínimos imprescindibles para que las leyes elaboradas satisfagan las expectativas de todos los sectores.
Sin embargo, y a juzgar por el hermetismo con que se sigue eludiendo una difusión masiva de ambos proyectos de modo que sea verdaderamente público y abierto el debate, hay motivos para temer que los esfuerzos hechos hasta ahora no han sido suficientes para despejar dudas y susceptibilidades. En efecto, según han coincidido en señalar expertos en materia económica y minera, ambas leyes que están a punto de ser puestas en vigencia dejan todavía demasiado margen para la incertidumbre, lo que de antemano las condenaría a fracasar en su principal objetivo que es estimular las inversiones privadas en nuestro país.
En lo que la ley de inversiones se refiere, el principal motivo de incertidumbre sigue siendo hoy, como viene ocurriendo desde hace ocho años, el relativo a las seguridades que ofrece el Estado boliviano a quienes inviertan sus capitales en nuestro país. Lamentablemente, la aparente persistencia de ambigüedad y contradicciones en la redacción de la ley, mantiene muchas de las dudas que pesan sobre tan importante asunto y abren un espacio grande a las interpretaciones arbitrarias, de manera que el principal objetivo de la ley, que es atraer inversiones privadas, queda en entredicho.
Similar es el caso del proyecto de Ley de Minería que, tal como ha sido aprobado en su versión final, ha sido recibido con pesimismo por expertos en materia minera, pues consideran que no será suficiente para atraer al país las masivas inversiones, la tecnología de punta y la experiencia necesaria para devolver al sector minero el dinamismo perdido.
Las excesivas concesiones que se hacen al sector de la minería cooperativizada, en desmedro tanto de la minería estatal pero sobre todo la privada, es el principal cuestionamiento que se hace al proyecto de ley. A tal punto llegan las discrepancias sobre el tema, que ha sido el ministro de Economía sido uno de los más severos críticos de esa manera de encarar el futuro de la minería nacional.
De cualquier modo, y a pesar de las muchas limitaciones de los dos instrumentos legales cuya promulgación está prevista para los próximos días, no deja de ser bueno que se ponga fin a tan larga espera. Serán los hechos, plasmados en la magnitud de las inversiones privadas durante los próximos meses, los que prueben si las cualidades de ambas leyes son o no mayores que sus defectos.