EDITORIAL

Conflictos limítrofes, asignatura siempre pendiente

Una vez más, tal como viene ocurriendo desde que la exitosa incursión de la quinua en los mercados internacionales hizo de ese cereal un muy cotizado producto agrícola del altiplano boliviano, el inicio de la época de cosecha llega acompañado de cruentos enfrentamientos entre comunarios de Oruro y Potosí. Esta vez, han sido comunarios de Santa María del municipio de Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí), los que se acusan mutuamente de estar cruzando los límites fronterizos entre ambos departamentos para apropiarse de la cosecha y ambos bandos recurren a la violencia para defender lo que consideran su quinua y su territorio.
Como es fácil recordar, el diferendo limítrofe entre Oruro y Potosí, o más precisamente entre los municipios de Quillacas y Coroma y sus respectivas comunidades campesinas, no es nada nuevo. Por el contrario, con alarmante regularidad, se activa desde hace varios años a estas alturas del calendario agrícola cuando llega el momento de la cosecha. Es decir, nadie puede declararse sorprendido.
Según informes oficiales, la causa del conflicto son menos de 20 hectáreas ubicadas en una zona en la que no están claramente definidos los límites entre comunidades, municipios y departamentos. Un problema que se remonta a muchas décadas atrás, pero que adquirió la importancia que ahora tiene recién desde que la exportación de quinua se convirtiera en una muy atractiva fuente de ingreso para los agricultores de la zona.
Es evidente, sin embargo, que las disputas por la cosecha de quinua son sólo la manifestación más externa, la que lo hace más visible pero no la causa principal, de un problema cuya complejidad es mucho mayor pues afecta de un modo u otro no sólo a esa zona del territorio nacional. Se trata de las dificultades que el Estado boliviano –en sus niveles central, departamentales y municipales– está afrontando para dar solución definitiva a conflictos de límites entre municipios, provincias y departamentos.
Hace algo más de un año, cuando se puso en vigencia la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, fue mucha la esperanza que se puso en la posibilidad de que ese instrumento legal haría posible la solución de los conflictos limítrofes de todo el país, o por lo menos de los más urgentes, como es el que ocasiona las pugnas entre Oruro y Potosí. Lamentablemente, como los hechos lo confirman, los resultados no son tan buenos como se esperaba.
Uno de los mayores obstáculos que no ha podido ser superado a pesar de la claridad con que la Ley de Delimitación distribuye deberes, derechos y responsabilidades, es la injerencia de instituciones como los comités cívicos, organizaciones sociales, asambleístas y autoridades municipales y departamentales que se empecinan en hacer del tema una palestra para ganar popularidad entre sus coterráneos. Así, la exacerbación de sentimientos y resentimientos localistas se constituye en el principal obstáculo para la serena, sensata y racional búsqueda de acuerdos entre las poblaciones directamente involucradas en los conflictos.
Ahora, y cuando la sangre está a punto de volver a correr, sólo cabe esperar que las autoridades responsables del asunto reconozcan la real magnitud del problema y no se conformen, como hasta ahora, con fórmulas dilatorias.