Miércoles, 26 de marzo de 2014
 

ALLANAMIENTO. Una Comisión de Fiscales precintó oficinas de técnicos en la Dirección Departamental de Educación con fines investigativos.
ALLANAMIENTO. Una Comisión de Fiscales precintó oficinas de técnicos en la Dirección Departamental de Educación con fines investigativos.

LAS INVESTIGACIONES ESTÁN A CARGO DE UNA COMISIÓN DE FISCALES

Educación: Declaraciones seguirán a allanamiento

Educación: Declaraciones seguirán a allanamiento



Los maestros que fueron víctimas de cobros deben apersonarse por la Fiscalía

Henry A. Aira Gutiérrez

El Ministerio Público conformó una comisión de cinco fiscales para que realicen la investigación del caso de venta de certificados y títulos para participar en compulsas de ítems, además de cobros por el traslado de maestros de escuelas de provincias a Sucre. Por estos supuestos hechos, está detenido en la cárcel San Roque el asesor jurídico de la Dirección Departamental de Educación (DDE), cuyas oficinas de Recursos Humanos fueron precintadas ayer por la Fiscalía con fines investigativos.
Como parte de la investigación, el lunes al concluir la tarde, la comisión de fiscales y personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) allanaron la oficina de Recursos Humanos y la secretaría de la Dirección Distrital de Educación.
El fiscal Departamental, Roberto Ramírez, informó que los investigadores secuestraron documentación y computadoras que están en custodia, y en los siguientes días, en una audiencia, se hará la apertura de los ambientes precintados para seguir con la investigación.
“Dentro de la labor investigativa, se ha organizado una comisión de fiscales, y se ha operado los allanamientos con el único fin de recabar elementos de convicción que nos permitan establecer la verdad histórica de los hechos, que es el objetivo principal que tiene el Ministerio Público llegar a la verdad”, manifestó.
El personal técnico de Recursos Humanos y las dos secretarias del DDE se presentaron ayer, ante la comisión de fiscales en la Fiscalía Departamental para prestar declaraciones informativas sobre las denuncias de cobros irregulares por el traslado de maestros de provincias a la ciudad de Sucre, por la supuesta venta de títulos de asistencia a cursos organizados por el Ministerio de Educación para los profesores que pretenden acceder a compulsas para ascensos y promociones en el Magisterio Urbano.
Ramírez explicó que la comisión evaluará todos los actuados que realicen y decidirán si se amplía la acusación en contra de otras personas más.
El pasado sábado, dos personas fueron llevados a una audiencia de medidas cautelares, y el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Roberto Valdivieso, dispuso la detención preventiva del asesor jurídico de la DDE, imputado por concusión y uso indebido de influencias, quien habría cobrado $us 100 por título, mientras que el otro técnico tiene detención domiciliaria.


PERJUICIOS
A su turno, la directora Distrital de Educación, Carmen Rosa Ayma, informó que con el allanamiento esta unidad se quedó con un solo ambiente para trabajar, además que no podrán procesar mientras estén cerrados los ambientes, permisos, bajas médicas, memorándums, entre otros trámites.
“El trabajo se está perjudicando para los maestros sobre todo, porque tenemos que procesar los memorándums, las bajas médicas y esto tendrá un perjuicio de por lo menos un mes, esto es una preocupación para nosotros”, manifestó.
Ayma dijo que colaboraran en las investigaciones, pero solicitó a las personas que acusen con pruebas para evitar dañar a las personas.
A la fecha, al mando de la Dirección Departamental de Educación está Marcial Terrazas, de forma interina, ya que la titular Ana María Quinteros está en Sudáfrica participando de un curso internacional de educación especial.
Quinteros partió de Sucre el sábado pasado y retornará en dos semanas.

Llaman a denunciar

El Fiscal Departamental convocó a los profesores víctimas de cobros irregulares por títulos o diplomas para acceder a una compulsa, o postular a ascensos y traslado en el Magisterio a denunciar en la Fiscalía.
Los maestros que denuncien serán protegidos por la unidad de protección a víctimas y testigos para evitar represalias.