EDITORIAL

Causa común contra los bloqueos

Una vez más, como lo hacen con excesiva frecuencia desde hace muchos años, los vecinos de la población de Yapacaní han decidido abusar de su ubicación –al borde de la carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz– para imponer sus exigencias a través del bloqueo de la ruta troncal de nuestro país. En esta ocasión, lo hacen para expresar su decisión de oponerse a la construcción de un cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en la zona.
El asunto tiene una doble dimensión. Por una parte, la que se deriva de la decisión gubernamental de intensificar las campañas represivas contra el narcotráfico. Y por otra, la que sea cual fuere el motivo, se refiere a la excesiva facilidad con que en nuestro país se recurre al bloqueo de caminos como medida de presión.
Sobre el primer aspecto del problema, resulta por demás significativo que sea un gobierno que por sus orígenes y composición está ligado a las actividades que giran alrededor de la producción de coca el que haya decidido dar una muestra de autoridad al instalar en el centro de Yapacaní, la zona donde más intensas son las actividades ligadas al narcotráfico, un cuartel de la fuerza especializada en tareas represivas.
Dada la experiencia acumulada durante más de 30 años de conflictos ocasionados por la estrategia de la “guerra contra las drogas”, era previsible que la decisión gubernamental ocasione reacciones de resistencia. Más aún si fue el actual Presidente del Estado, cuando era principal dirigente de los productores de coca, quien más se destacó en la lucha contra medidas como las que ahora él mismo ha instruido. Y lo hizo esgrimiendo argumentos muy similares a los que ahora sirven a los vecinos de Yapacaní. Entre ellos se destaca la falta de respeto a los derechos de las personas expresada en todo tipo de abusos, prepotencia, exacciones y un sinfín de arbitrariedades que se suelen cometer en nombre de la lucha contra el narcotráfico, prácticas todas ellas que en nada han mejorado durante los últimos tiempos.
La segunda dimensión del asunto es la que se refiere al radical cambio de actitud gubernamental hacia los bloqueos de caminos independientemente de cuál sea la causa que los motiva. Hace unos días, el Presidente del Estado, durante el acto de unas plantas engarrafadoras y recalificadoras de Senkata, en El Alto, amenazó con desmontarlas y llevarlas a otro sitio si los alteños vuelven a recurrir a los bloqueos como medida de presión.
En ambos casos, las muestras de firmeza dadas por autoridades gubernamentales han sido muy bien recibidas por quienes desde hace ya más de dos décadas vanamente se quejan por los enormes perjuicios económicos que causan los bloqueos. Es el caso, por ejemplo, de la Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) y de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), que han pedido que el Gobierno actúe con el máximo rigor contra los bloqueadores.
Dados los antecedentes históricos del tema de los bloqueos en la agitada vida política de nuestro país, las actuales circunstancias pueden ser las más propicias para terminar con esta funesta práctica.