Límites: Resolviendo lo pendiente

Claudia Peña Claros.- “Urge que el Estado asuma esa dificultad y actúe en consecuencia”, dicen los editoriales de Los Tiempos y Correo del Sur, de este martes 25 de marzo. Se refieren a los conflictos de límites, que son un problema estructural: más del 90% de los límites internos no están debida o suficientemente definidos.
En la década del 90, todas las secciones municipales pasaron a ser, automáticamente; municipios. Esto por una ley nacional que definió la distribución de recursos a los gobiernos municipales sobre la base de la cantidad de población que cada uno de ellos tuvieran. Es lo que llamamos “coparticipación tributaria”.
La Ley de Participación Popular y la Ley de Municipalidades definieron al detalle los aspectos de la vida institucional de los municipios, pero cometieron un tremendo error: omitieron referirse a los límites de esas unidades territoriales que estaban siendo creadas. Gigantesca falta de responsabilidad, ya que gran parte de los recursos de un municipio se define por su población, y la población pertenece a uno u otro municipio, dependiendo de dónde esté.
“Urge que el Estado asuma esa dificultad y actúe en consecuencia”, una afirmación que llega veinte años tarde. Una dificultad que crece a la par de los presupuestos municipales, que desde la nacionalización de los hidrocarburos se vienen multiplicando por tres, por cinco, por ocho en algunos casos. Mientras más platita esté involucrada, más difíciles son los acuerdos.
En el caso de los conflictos de límites entre departamentos, los móviles también son económicos, pero de otra índole: acceso a la tierra o recursos naturales, el descubrimiento de una mina o un yacimiento petrolero, etc. Y esos intereses económicos debilitan normas que ordenaban la convivencia, incendian los discursos e inflan los pechos de fervor cívico, tal como dan cuenta los editoriales citados.
No hace falta ser tremendistas: “el inicio de la época de cosecha llega acompañado de cruentos enfrentamientos entre comunarios de Oruro y Potosí”. Y la verdad, no es así. El 2013 no hubo enfrentamientos en la zona del conflicto entre Oruro y Potosí, y la gente sembró, cosechó y barbechó su quinua con tensión, sí, pero sin violencia. El 2012 hubo un incidente grave (en la zona conocida como Rodeo – Aucapi) en esta misma época aproximadamente, que es de cosecha, pero varios otros fueron evitados gracias a la constante presencia del gobierno nacional en la zona.
Este año, el enfrentamiento ocurrió en un lugar (Potosillo – Río Ingenio) donde en años pasados no se registró ninguna violencia, y donde, según la información oral que nos ha llegado, las comunidades tendrían acuerdos firmados hace años, que repartían la tierra y permitían la producción agrícola sin problemas.
Este 2014, cuatro comisiones han estado en los municipios orureños involucrados en el conflicto (Pampa Aullagas, Santuario de Quillacas y Salinas), y tres comisiones en el distrito indígena de Coroma, en Potosí. Los objetivos: percatarse de cualquier posibilidad de enfrentamiento, y deliberar con las comunidades para que acepten entrar en un proceso de conciliación. Los tres municipios orureños y sus autoridades originarias ya han aceptado entrar a conciliar, pero el gobernador Santos Tito aún no oficializa ante el Ministerio, esa decisión. Coroma aún no se ha pronunciado.
La Ley 339 ya tiene resultados: 182 km delimitados entre Cochabamba y Chuquisaca (Ley 431 de septiembre de 2013), y 85 km delimitados en los Ayllus Guerreros en Paz, entre Oruro y Potosí (Ley 496 de febrero de este año), mientras se trabaja en el límite entre Chuquisaca y Potosí.
Los conflictos limítrofes pueden ser resueltos a través de la participación de las comunidades y los vecinos. Estamos aplicando la Ley y tenemos resultados positivos, como nunca antes. El gobierno nacional asume la dificultad, actúa en consecuencia, y muestra que las bolivianas y bolivianos, también en este tema, tenemos derecho a la esperanza.