EDITORIAL

La Ley de Minería, en el limbo otra vez

Tal como era de temer, y a pesar de las muchas advertencias que oportunamente hicieron quienes más conocen las complejidades del tema minero, la aprobación de la Ley de Minería ha sido un detonante que a punto ha estado de encender una carga explosiva. Y aunque el peligro aún no ha sido del todo desactivado, todo parece indicar que el miedo que inspira la beligerancia minera, a éste como a cualquier otro gobierno, ha sido suficiente para que el proyecto de ley vuelva a ser indefinidamente archivado.
Por lo visto, de nada sirvieron los más de tres años durante los que se hicieron todos los esfuerzos posibles para poner algún límite a las excesivas pretensiones de los mineros cooperativistas. Y más inútil aún fue el empeño con que las fuerzas gubernamentales mantuvieron en secreto el texto enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por primera vez desde que se inició la actual gestión gubernamental, hace ya más de ocho años, tampoco fue suficiente la voz presidencial. “No tiene que cambiarse nada, sino aprobar (en la Asamblea Legislativa) lo que han aprobado, lo que han acordado, lo que han consensuado (los mineros). (...) Algunos compañeros parlamentarios por una cuestión de figuración quieren cambiar algo, nosotros desde acá estaremos pendientes de la aprobación correspondiente”, dijo Evo Morales al remitir el proyecto a la Asamblea, confiado sin duda en que sus instrucciones volverían a ser acatadas.
Fracasaron también los esfuerzos que los operadores políticos del Movimiento al Socialismo hicieron en los pasillos parlamentarios para mantener la disciplina en sus filas. Uno tras otro los parlamentarios oficialistas se atrevieron a desoír las instrucciones presidenciales, se multiplicaron los votos disidentes y en pocas horas quedaron reducidos a la nada los aspectos medulares del texto redactado durante tres años por los funcionarios del Ministerio de Minería.
Fue sorprendente ese desenlace porque los antecedentes acumulados desde que el MAS estrenara su avasalladora mayoría parlamentaria hacían suponer que en este caso, como en todos los que lo antecedieron durante los últimos ocho años, la disciplina partidaria terminaría imponiéndose. En este caso, la diferencia la hizo la enormidad de las consecuencias económicas que hubiera traído consigo la aprobación del proyecto de ley enviado por el ejecutivo. No es casual por eso, que las primeras expresiones de rechazo a tal documento se hayan originado en las más altas instancias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Las razones de la oposición al texto original de tan controversial proyecto de ley han sido abundantemente expuestas. Y son tan irrebatibles, que una ola de arrepentimiento parece haber atravesado al Gobierno nacional en cuyas filas ya nadie se atreve, ni siquiera el Ministro de Minería, a defender su propio proyecto.
Sin embargo, tampoco se muestra dispuesto a imponer su autoridad sobre los mineros cooperativistas. Lo que confirma que ese sector sigue siendo la principal fuente de sustento político del andamiaje gubernamental. Pésima combinación cuando se ha adelantado tanto la temporada electoral.