SURAZO

Contratos: el quid de la cuestión

Juan José Toro Montoya.- Volver a fojas cero en el tratamiento de la nueva ley minera no soluciona el conflicto con los cooperativistas: lo empeora.
Y es que el origen del problema es la sección II del proyecto de ley que, teóricamente, habría sido desechado.
Esa sección lleva por título “Contratos entre actores productivos de la industria minera privada y cooperativa” (así, sin comas) y el artículo que fue observado por el propio Gobierno es el 151 que señala que esos contratos son los que “pueden suscribir en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”.
Según se puede leer en el documento, los contratos de asociación son los que pueden firmar los concesionarios mineros con cualquier tipo de empresas. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó en conferencia de prensa que, si se aprobara ese artículo tal como fue redactado, los cooperativistas no sólo podrían firmar contratos con empresas privadas, sino también con transnacionales. Detalló que, al existir unas 1.200 cooperativas mineras en el país, existe el riesgo de que se firmen 1.200 contratos con empresas privadas o transnacionales y, de esa manera, se estaría entregando los yacimientos mineros a los grandes capitales que espantan tanto al actual régimen.
La gravedad de ese asunto se entiende mejor si comparamos la situación de la minería con una vivienda en la que hay varias habitaciones ocupadas por inquilinos. Si los inquilinos (es decir los concesionarios, los cooperativistas mineros) tienen la posibilidad de subalquilar sus habitaciones, lo harían a cambio de un canon de alquiler que cobrarían ellos en detrimento del dueño de casa que, en este caso, es el Estado.
Entonces, el quid o la esencia de este conflicto es económico. Los cooperativistas mineros, que actualmente ganan muy bien gracias a las todavía altas cotizaciones de los minerales, quieren ganar todavía más firmando contratos (prácticamente subalquilando) los yacimientos mineros que no son de ellos sino del Estado. Vistas las cosas así, es obvio que el proyecto de la ley minera les es favorable y es muy poco probable que acepten volver a fojas cero.
Lo curioso de todo esto es que fue el propio Gobierno quien nos hizo notar el detalle a través del ministro del área. Y digo “curioso” porque se supone que el documento que ahora cuestiona, por lo menos en su Artículo 151, fue previamente consensuado con los actores mineros. ¿Acaso no fue el propio Presidente del Estado quien ordenó aprobarlo en tres días sin modificación alguna?
Pensando mal, pareciera que la liberalidad en la firma de contratos fue previamente pactada con los cooperativistas con el fin de darles a éstos, que hasta esta semana eran sus aliados, la posibilidad de seguir ganando mucho dinero. ¿Será por eso que el proyecto se elaboró con tanto secretismo?
Algo debió haber pasado para que, de pronto, el Gobierno diera marcha atrás en el tema, aún a pesar de la instrucción presidencial.
Haya sido lo que fuere, lo cierto es que puso al país en una situación de incertidumbre respecto a la minería. ¿Aceptarán los cooperativistas renunciar a la posibilidad de ganar más dinero con los yacimientos que, en teoría, nos pertenecen a todos?