EDITORIAL

La “Guerra del Agua”, 14 años después

Hace 14 años, al iniciarse el mes de abril, las calles de Cochabamba y sus alrededores eran campos de batalla en los que gran parte de la población cochabambina, sin distinción de clases sociales, posiciones políticas o ideológicas y a pesar de sus múltiples discrepancias en otros asuntos de interés colectivo, se enfrentó con toda energía al entonces gobierno presidido por Hugo Banzer y Jorge Quiroga. Muy pocas fueron las voces discrepantes, por lo que el resultado fue una fulminante derrota de la intención gubernamental.
El origen del conflicto fue la decisión de privatizar el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), atando la transferencia a un consorcio extranjero el financiamiento y ejecución del proyecto múltiple Misicuni. Buenas eran las intenciones, pero pésima la fórmula aplicada para su ejecución. La falta de información y de transparencia sobre el trasfondo de las negociaciones que condujeron a la adjudicación, las vacilaciones y contradicciones con que actuó el gobierno de aquella época, pero sobre todo la doblez con que actuaron algunos de sus principales socios, como el por entonces alcalde de ese municipio, fueron algunos de los factores que ocasionaron la rebelión. Todo tenía la apariencia de un monumental engaño y eso desencadenó la ira popular.
Catorce años después, todos los esfuerzos parecen dirigidos a olvidar. Quienes menos quieren recordar son quienes fueron los principales protagonistas de uno y otro lado y lo que con más esmero se quiere dejar en el olvido son las consecuencias de tanto desacierto.
No es casual que así sea, pues con cada año que pasa se hace más evidente que lo que en su momento fue visto como un gran triunfo del pueblo cochabambino terminó convirtiéndose en la mayor fuente de frustración. No sólo que no se alcanzó ninguno de los tres objetivos propuestos, sino que todos ellos están hoy más lejos de lo que estaban entonces.
Semapa, cuya transferencia al consorcio Aguas del Tunari fue el detonante de la insurrección, está hoy peor que hace 14 años. En nada ha mejorado su capacidad de prestar el servicio para el que fue creada, primero, y rescatada de capitales privados después y, lo que es aún peor, la brecha entre la oferta de agua potable y servicios de alcantarillado y la demanda se ha multiplicado como consecuencia del natural crecimiento demográfico.
El caso del Proyecto Múltiple Misicuni, cuya ejecución por el Estado y no por una empresa privada fue la segunda causa enarbolada, es aún peor. Durante los últimos 14 años ha absorbido varias decenas de millones de dólares más de los originalmente previstos, por lo que sigue absorbiendo gran parte de los recursos del erario departamental y no deja de ser una fuente inagotable de malas noticias y frustraciones.
Ahora, cuando el tiempo ha transcurrido y los resultados son por demás suficientes para las evaluaciones, bueno sería que la ocasión sirva para la autocrítica a fin de rectificar los errores que se cometieron y se siguen cometiendo, ejercicio que también puede servir a otras regiones del país como la nuestra, que pueden mirar sus propias epopeyas y frustraciones en la Guerra del Agua.