RAÍCES Y ANTENAS

La sociedad de los socorros mutuos

Gonzalo Chavez A..- Ciertos dirigentes cooperativistas mineros han afirmado que si no obtienen lo que quieren, con la Ley Minera que ellos elaboraron, podrían sacar el Presidente Morales del poder porque ellos mismos lo habrían puesto. El casamiento político por conveniencia entre los cooperativistas mineros y el Gobierno está en crisis. Desde las esferas del Estado, ¡oh sorpresa!, han descubierto que los otrora vanguardia revolucionaria del proceso de cambio no son más que unos capitalistas depredadores. Y los mineros de las cooperativas se han decepcionado del tipo de gestión pública que le había ofrecido el oro y el moro. ¿Este es un hecho aislado o más bien revela el modus operandi de un Estado corporativista? ¿Un modelo de gobernabilidad clientelar en la gestión de rentas económicas o de un grupo social cuyo objetivo es capturar rentas y privilegios por encima del interés común? Intentemos responder estas interrogantes.
A mediados de los años 80, con la recuperación de la democracia, los partidos políticos eran los instrumentos de mediación entre los intereses de la sociedad y el Estado. Éstos, durante más de 20 años, a través de diferentes pactos políticos, consiguieron ciertos grados de gobernabilidad que permitió equilibrios políticos y la implementación de un modelo de desarrollo económico ahora conocido como neoliberal. El desmoronamiento de este sistema comenzó cuando los partidos políticos tradicionales se alejaron de la sociedad y convirtieron al Estado en un espacio de arreglos espurios y clientelares que sólo reflejaban intereses de ciertas élites políticas y económicas.
La ruptura entre la sociedad y los partidos políticos llevó a una crisis grave de gobernabilidad que posteriormente se convirtió en una crisis estatal y económica. Las luchas intestinas entre caudillos, un modelo económico que no atendía las necesidades de la gente, un Estado que subastaba privilegios entre grupos económicos y un descrédito profundo de la clase política produjo la desaparición de este sistema.
A partir del 2006, la sociedad boliviana votó por una alternativa política que prometía un nuevo sistema de gobernabilidad y gestión del excedente económico. Los intereses de la sociedad se aglutinaron en movimientos sociales. La voz política se legitimaba a través de sindicatos, confederaciones, comités regionales, agremiaciones, juntas vecinales, entre otros. La mediación entre sociedad y Estado pasaba por estos grupos corporativos.
El poder político del MAS se sustentaba en un pacto entre diferentes corporaciones, conocido como el Pacto de Unidad, que en un principio tenía una doble referencia aglutinadora, por un lado en los grandes temas nacionales como la nacionalización del sector de hidrocarburos o la elaboración de una Nueva Constitución Política del Estado, pero por otro, en la garantía de rentas económicas bajo control del Estado. Piense en los cocaleros que están liberados de pagar impuestos, en ciertos gremios de comerciantes que se benefician de un tipo de cambio real apreciado o los cooperativistas mineros que prácticamente tomaron el control de la explotación minera. En el discurso se buscaba la construcción de un nuevo bloque histórico que desmontaría el neocolonialismo y neoliberalismo. En la práctica se crearon clientelas políticas a cambio de privilegios económicos.
Con diferentes ritmos, los movimientos sociales colocaron en un segundo plano el horizonte de los intereses nacionales y comenzaron a buscar la materialización del pedacito del paraíso económico ofrecido por el proceso de cambio. Pasó el momento de la poesía jurídica, comenzó el juego bilateral, entre las corporaciones y el Estado. La lucha por las rentas se puso más dura en un contexto de hiperinflación de expectativas. Se inició la disputa por los pedazos de la felicidad financiera instantánea que el Gobierno había prometido. Se crearon las condiciones para el surgimiento del neopopulismo económico. El Estado mediante leyes y políticas públicas favorece a determinada cooperación según el calibre de su lealtad política, hoy por ti, mañana por mí. Tu voto de apoyo, y a cambio mecanismos para la captura de rentas económicas.
El caso extremo de este modelo de gobernabilidad y gestión de recursos es lo que ocurre hoy con los poderosos cooperativistas que elaboraron su propia Ley Minera para consolidar privilegios bajo el patrocinio y amparo del Gobierno, pero aparentemente que se le fue la mano en el pedido.
El Estado, que debía velar por los intereses colectivos, se convierte en el espacio de la sociedad política de los socorros mutuos de grupos particulares, el paraíso del “toma daca”, de la lógica del dando privilegios es que se recibe apoyo. Y cuando los discursos y las buenas maneras ya no son suficientes para defender los intereses, la disputa se traslada a las calles, a la dinamita, los bloqueos, las marchas, a la disputa por las rentas mineras a puño limpio.