Desde y hasta cuando las campañas…

Enrique Durán P..- En los últimos meses, personajes públicos de oficialismo y oposición han venido denunciando que las campañas electorales ya habrían comenzado, e incluso hay quienes llevan esta afirmación al extremo, señalando que empezaron desde que muchas autoridades se posesionaron en sus cargos. Si bien esto último puede parecer una exageración, podría no estar tan lejos de la realidad si tomamos en cuenta que en nuestro país no existe normativa específica que regule el uso adecuado de la comunicación en las entidades públicas, es decir que garantice que las millonarias sumas que se erogan para este fin estén orientadas al beneficio de la colectividad y no de la particularidad como parece suceder en algunos casos.
Datos oficiales indican que la gestión pasada, el Ministerio de Comunicación “…ejecutó 183.9 millones de bolivianos…”, que si los sumamos a los gastos en comunicación de los otros 19 ministerios, los 339 municipios, las nueve gobernaciones y las universidades, nos revelan que a este campo se destinan “muchos” cientos de millones de dólares al año.
Cuando el Ministro de Economía fue consultado sobre los recursos que el Estado destina a la propaganda, indicó que se ejecutan porque "…cada vez es más necesario informar a la población sobre las obras que se están haciendo…”, dejando en entredicho que mostrar obras sería lo más importante –sino lo único– que se necesita comunicar. Lo que ninguna autoridad ha justificado aún es la manera irrestricta en que muchos spots televisivos, cuñas radiales, gigantografías y otros anuncios son saturados con la imagen de los gobernantes y en algunos casos centrando toda su atención en estos.
Otro ejemplo del uso discrecional que le dan a estos recursos, se pudo observar las semanas pasadas cuando entidades municipales y departamentales utilizaron todos sus espacios de radio y televisión para “colmar el dial” y lidiar una clara batalla política, que llegó al extremo de alquilar por horas medios radiales que se transmitieron en cadena.
Ante estos hechos, surgen algunas interrogantes: ¿Cuál debería ser la finalidad de la comunicación estatal? ¿Se justifica erogar cuantiosas cantidades de dinero para difundir este tipo de mensajes? ¿Cómo debería estar normada su aplicación?
Resulta lógico que hoy en día, el Estado necesite ejercitar la comunicación a través de ministerios, gobernaciones, municipios y otras dependencias, pero resulta también necesario que este significativo "gasto público" pase a tener carácter de “inversión social”; para ello tendría que dejar de enfocarse en mostrar a las autoridades y sus obras, reorientando así su batería mediática al desarrollo de la sociedad en su conjunto a través de contenidos que respondan a las necesidades de la colectividad, entre ellas: educación vial, lucha contra la violencia, corrupción y discriminación, la socialización de las normativas o la promoción de valores democráticos y cívicos, cuyo carácter social sería sin duda alguna de verdadera utilidad pública.
Si analizamos el manejo que se ha dado en Bolivia a la comunicación estatal y la comparamos con la de otros países, resulta siendo inédita, ya que en otras partes no está permitida su utilización irrestricta y menos aún en beneficio de intereses propios, pues se tiene establecido que el uso indebido de anuncios estatales constituye un delito.
Con los antecedentes citados, se hace más que evidente la necesidad de generar normativa específica que regule la finalidad y uso adecuado de la comunicación estatal, de lo contrario se seguirá dando pie a que los ciudadanos(as) financiemos la onerosa propaganda de las autoridades y continuemos siendo sobreexpuestos a campañas que parecen no terminar después de los periodos electorales, sino más bien comenzar… ¿O qué opina usted?