EDITORIAL

“Acuerdo de Hermandad” entre Beni y Rondonia

Hace unos días, sendas comisiones organizadas por las gobernaciones de Beni y Rondonia (Brasil) se reunieron para suscribir un “Acuerdo de Hermandad” dirigido coordinar y sumar los esfuerzos que están haciendo para afrontar el impacto ambiental, económico y social de las represas de Jirau y San Antonio, las que según diversos estudios habrían contribuido a agravar los desbordes del río Madera.
La decisión de iniciar un proceso de acercamiento entre ambos gobiernos --departamental, del Beni y federal de Rondonia-- fue tomada ante la indiferencia de sus respectivos gobiernos nacionales que coinciden en negar cualquier relación entre el complejo hidroeléctrico y las inundaciones. En el caso brasileño, tal actitud es del todo explícita y ha sido la presidenta Dilma Rousseff la que ha fijado la posición de su gobierno al exculpar a las represas. El gobierno boliviano, por su parte, ha expresado su preocupación y ha anunciado su intención de hacer estudios sobre el tema, pero en el plano práctico ha optado también por desentenderse del asunto.
En ese contexto, la iniciativa de las gobernaciones de Beni y Rondonia de suscribir un “Acuerdo de Hermandad” para encarar conjuntamente todos los problemas relacionados con la construcción del complejo hidroeléctrico adquiere especial relevancia. Es que por primera vez desde que se pusiera en marcha el proyecto, la magnitud de las inundaciones ha puesto en evidencia que el futuro de la amazonia está muy seriamente amenazado lo que ha sentado las bases de una relación conflictiva entre los gobiernos locales y habitantes de la región afectada, a ambos lados de la frontera, y sus respectivos gobiernos centrales.
En el caso brasileño, la conftontación de los gobiernos municipales y estaduales y de las organizaciones representativas de los pueblos amazónicos ha llegado ya a los estrados judiciales. Una primera batalla legal ha sido ganada por quienes responsabilizan a las represas por las inundaciones. El tribunal que atendió el caso ha condenado a las empresas que construyen y administran las centrales hidroeléctricas de Jiraú y Santo Antonio a proveer ayuda a los miles de damnificados, por considerar que dichas represas habrían contribuido a agrandar las inundaciones.
Entre los argumentos que los demandantes entregaron a los jueces que atendieron el caso, se destacan los cada vez mayores indicios sobre la manera dolosa con que las empresas constructoras de las represas, con el apoyo del gobierno brasileño, habrían falseado los estudios del impacto ambiental y socioeconómico al minimizar las consecuencias negativas que habían sido oportunamente previstas.
Ahora, cuando las aguas por fin han comenzado a bajar y tanto en el lado brasileño como en el boliviano se inicia la evaluación de los daños y se encara la necesidad de tomar previsiones para el futuro, el tema adquirirá sin duda una muy especial relevancia. Es de esperar, por eso, que el gobierno central no deje sola a la gobernación de Beni y se sume a los esfuerzos para defender, en cuanto escenario sea posible, la integridad de nuestra amazonia y de sus habitantes.