EDITORIAL

Una nueva etapa

Con la presentación de los documentos que respaldan la demanda que el país ha interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia (CJI) para que, sobre la base de los derechos expectaticios, este alto tribunal obligue a Chile a negociar de buena fe una salida soberana al mar para Bolivia, comienza una nueva etapa de una historia compleja.
Se trata de una nueva estrategia que, si es aceptada, significa comenzar un proceso largo que exigirá, principalmente de parte de las autoridades de gobierno, actuar con mesura y prudencia para coordinar debidamente toda la política exterior en función a esta demanda, que tiene prioridad, evitar la tentación de utilizar este tema como arma electoral o las legítimas suspicacias entre ambos países de atacar políticamente, como ha sucedido últimamente.
Es decir, al dar este paso el gobierno debe comprometerse a actuar en forma diferente a como lo ha estado haciendo hasta ahora. En otras palabras, el tema exige apertura al diálogo, debate transparente y decisión libre de abordarlo sin pretensiones secundarias. Asimismo, es fundamental establecer claras líneas de responsabilidad, para lo cual se debe dar prioridad a personalidades idóneas académicamente, que conocen los procedimientos internacionales para atender debidamente el caso, excluyendo cualquier interés sectario o de figuración circunstancial o polémicamente simbólico.
Desde el campo de la sociedad, si bien hasta ahora –salvo, como siempre, algunas voces impertinentes– la oposición y personalidades políticas independientes han apoyado esta estrategia, también es necesario exhortarlas a que se mantengan en ese nivel y no caigan en la tentación de utilizar el tema como arma electoral.
No se trata simplemente de voluntades individuales. Es preciso abonar a crear un clima de confianza que permita a unos y otros comprender las razones por las que se les exige esa actuación. Nuestra historia está llena de anécdotas sobre cómo el afán de figuración, el interés sectario o el interés político inmediato han frustrado negociaciones que pudieron haber sido exitosas con mayor desprendimiento.
Lo señalado no debe interpretarse, empero, como la firma de un cheque en blanco a favor de las autoridades, más aún en un tema tan sensible como es el de volver a tener una salida soberana al mar, y en un proceso que por su lento caminar puede provocar sentimientos precipitados de frustración. Basta recordar que la CIJ deberá, primero, analizar si acepta o no la demanda y, luego, si la acepta, impulsar el proceso pidiendo a Chile la revisión y respuesta a nuestro original pliego. Así pueden transcurrir fácilmente unos cuatro a cinco años, tiempo en el cual, por un lado, habrá que tener paciencia y, por el otro, habrá que estudiar cómo gestionar racionalmente las relaciones con un país vecino como Chile.
En este sentido, el Gobierno debería estudiar la posibilidad, una vez que la CIJ decida qué hacer con nuestra demanda, de diseñar un programa de trabajo que permita, sin desmerecer ésta, avanzar en los otros temas de interés común que se tiene.
Lo importante, en todo caso, es comprender que hoy comienza una nueva etapa...