EDITORIAL

Un proceso sin fin

Las autoridades harían bien en comprender que mientras más tarden en ayudar a disipar las dudas en torno al caso Rózsa, más se verá afectada su credibilidad

Han pasado cinco años desde que efectivos policiales asaltaron un hotel en Santa Cruz, donde ultimaron a tres ciudadanos y apresaron a otros dos que conformaban un grupo de choque al mando del boliviano croata Eduardo Rózsa. Los acusaron de resistir a la intimación policial y preparar, junto a algunos dirigentes cívicos, gremiales y políticos de ese departamento, una asonada separatista y un plan de terrorismo que incluía la eliminación del Primer Mandatario.
Desde entonces, el país ha asistido a un grosero proceso judicial en el que el aplazo del Ministerio Público ha sido total, al punto que el principal fiscal asignado al caso y que hasta el año pasado gozó de toda la confianza del régimen, Marcelo Soza, fugó del país acusado de extorsión por sus víctimas y denunció haber sido obligado a fabricar pruebas y acusar a inocentes. Este último hecho, en un Estado de derecho, bastaría para que, por lo menos, se conceda libertad a los 39 detenidos y se anule el proceso hasta el vicio más antiguo, toda vez que se ha denunciado soborno de testigos, elaboración de pruebas, dictámenes mal hechos y peor sustentados, y una retórica de confrontación que no sólo no convenció a la ciudadanía de la presunta acción separatista de los inculpados, sino que ha ido mermando, en este campo más, la propia imagen del Gobierno.
Pero, esta forma de actuar tiene un elevado costo: cerca a la mitad de la población boliviana considera que el caso ha sido montado para descabezar a la oposición cívica, gremial y política que existía hasta 2009 en Santa Cruz, con ramificaciones en Beni. En efecto, el caso Rózsa, junto a una movilización en Santa Cruz organizada por dirigentes juveniles que se identificaron con sectores opositores, y que al poco tiempo juraron al partido de gobierno, fueron los recursos que utilizó el Gobierno para reducir a esos dirigentes y consolidar su presencia en esa región.
En este escenario, desde diversos ámbitos se ha sugerido transparentar el proceso. Pero, la soberbia es una mala consejera. Pese a que las autoridades tuvieron la oportunidad de enderezar el caso a partir de la fuga de Marcelo Soza, han mantenido sin cambios su retórica y han lanzado nuevamente una campaña propagandística que es muy difícil de aceptar. Es tal el intento de manipulación que, para rememorar el hecho, una repartición del Estado ha publicado fotografías de varios de los detenidos por el caso Rózsa, agregando las de algunos de los dirigentes políticos disidentes del MAS o que fueron aliados de este partido y que han anunciado su decisión de investigar el caso. Todos son acusados de pertenecer a una presunta “célula separatista”.
Más allá de estos esfuerzos por eludir responsabilidades, la ciudadanía debe conocer con precisión qué sucedió la madrugada del 16 de abril de 2009, a quiénes respondía el grupo comandado por Rózsa, qué conexiones incriminatorias logró éste establecer, y las autoridades harían bien en comprender que mientras más tarden en ayudar a disipar estas dudas, más se verá afectada su credibilidad.