EDITORIAL
Acusaciones a diestra y siniestra
Acusaciones a diestra y siniestra
Las personas debemos ser muy cautas a la hora de realizar afirmaciones respecto de nuestros semejantes, máxime si ocupamos alguna posición de autoridad
En las sociedades que se precian por respetuosas de la libertad y los derechos de las personas, las acusaciones sin fundamento no suelen ser muy bien vistas, en primer lugar, porque se presume la inocencia de toda persona hasta que su culpabilidad fuera demostrada a través de un debido proceso ante tribunales competentes para el efecto. Ello evita que todo ciudadano sea víctima de cualquier tipo de condena, y hasta de la mirada reprobatoria de sus coetáneos, sin que antes se le haya garantizado un proceso justo en que efectivamente se le hubiera demostrado culpabilidad.
Es tal la importancia que se da a la protección del honor, que los sistemas jurídicos incorporan sanciones contra la calumnia, la injuria y la difamación, asegurando que no sólo los bienes materiales de la gente estén protegidos contra los agresores, sino también bienes intangibles como la imagen pública, el honor y el prestigio.
Consecuentemente, las personas debemos ser muy cautas a la hora de realizar afirmaciones respecto de nuestros semejantes, máxime si ocupamos alguna posición de autoridad, pues se espera que las autoridades enseñen con el ejemplo la importancia y práctica del respeto por los derechos de los ciudadanos.
Es en ese sentido que el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, ha pedido al Ministro de Gobierno, Carlos Romero, clarifique sus denuncias referidas a que “El sistema judicial asalta a la gente desde los tribunales en vez de hacer justicia”, aclarando específicamente a qué miembros de dicho sistema se refiere y denunciándolos, como indica la normativa, ante la Fiscalía para que estas personas supuestamente implicadas sean convocadas a procesos y se dé inicio a una investigación.
Ningún ciudadano, ni mucho menos autoridades, teniendo conocimiento de alguna clase de delito, deben guardar silencio, y más bien tienen el deber de coadyuvar con la justicia realizando las denuncias pertinentes ante las autoridades apropiadas para de esa manera luchar contra la impunidad, que es un mal que tanto daño nos hace como sociedad.
El problema es que muchas autoridades, dirigentes y líderes políticos del país, motivados por el puro afán político, parecen haberse acostumbrado a lanzar todo tipo de acusaciones sin reparar en los derechos de las personas, e implicándolas en un sinnúmero de supuestos actos irregulares que posteriormente ni siquiera son denunciados ni mucho menos procesados por las instancias pertinentes. Tal es el caso del mismo Ministro cuando a través de su despacho publica fotografías de diputados disidentes y opositores a su partido, junto a la de uno de los supuestos terroristas del caso Rózsa y otros líderes fugados del país, tratando de hacer ver que todos ellos estarían asociados y afirmando que la “Célula separatista sigue vigente”
Sorprende que un Ministro como Carlos Romero, quien en gestiones pasadas representaba, más bien, procesos de concertación, consenso y entendimiento entre partes encontradas, hoy se sume al grupo de personas que realizan acusaciones de toda índole sólo para causar algún tipo de daño al adversario político, pero sin considerar el terrible mal que se le hace a la democracia y su institucionalidad.
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