EDITORIAL

Con la vista en La Haya

La presentación de la memoria boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para sustentar nuestra demanda en contra de Chile constituye una seria y compleja decisión gubernamental que, por lo que hasta ahora se conoce, salvo impertinentes y aisladas expresiones, tiene un generalizado apoyo de la población.
El paso dado por el Gobierno exige muchos cambios. El más importante es que las autoridades comprendan que por la trascendencia del hecho y el mandato constitucional sobre el tema marítimo, el proceso abierto implica que toda –toda– su política internacional debe ser planificada, concertada y ejecutada en función a este tema.
Se trata, sin duda, de una exigencia muy grande porque hasta ahora las relaciones internacionales han estado regidas por visiones ideológico-políticas que, por los resultados, poco bien nos han hecho. Además, no han sido pocas las veces que nuestro comportamiento en el ámbito internacional ha sido contradictorio e incluso, en algunas oportunidades, contrario a nuestra demanda marítima. Ahora, las autoridades deben comprender que el papel que cumpla el país en las relaciones internacionales será evaluado por los jueces de La Haya que, como señalan los expertos, no sólo fallan jurídicamente sino que también adoptan criterios de justicia y equidad.
Asimismo, la forma en que nuestras autoridades actúen en relación al país demandado debe estar guiada por elevados niveles de prudencia. Y conviene hacer notar este aspecto dado un renovado sentimiento chovinista que algunos dignatarios han mostrado ante la opinión pública en los últimos días, sin percatarse que ese discurso agresivo y sin sentido puede, ahora, afectar el proceso en La Haya.
Lo señalado conduce a que el Primer Mandatario y los responsables de los equipos que han elaborado la demanda y Memoria bolivianas expliquen con la suficiente claridad su contenido a los propios dignatarios de Estado que, hasta ahora, y de acuerdo a sus oficiales y oficiosas declaraciones demuestran un peligroso desconocimiento del tema. Además, convendría que el Gobierno designe con claridad a los voceros sobre el tema y evite que los deseos de figuración de algunas autoridades puedan provocar innecesarias interferencias.
Papel importante toca a las diversas expresiones de la sociedad, particularmente las del estamento político. La política marítima debe ser un factor de unidad y para ello es necesario que el Gobierno promueva actos de información y evite la agresión descalificadora, al mismo tiempo que desde la sociedad haya cabal comprensión de que la política exterior del país es definida constitucionalmente por el Presidente del Estado. Se trata, sin duda, de un desafío que debe ser recogido con responsabilidad y vocación de servicio.
Hay que insistir en que el país ha dado un paso importante y que lo ha hecho en forma auspiciosa. No en vano, el Canciller de Chile cambió de opinión sobre la demanda de Bolivia, quien pasó de calificarla, antes de conocer la Memoria, como artificiosa y carente de fundamentos jurídicos, a expresar que se trata de “un documento que plantea una demanda seria”. Y seriamente debemos actuar.