EDITORIAL

¿Insubordinación peligrosa?

Las medidas de presión asumidas por suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA) contradicen abiertamente lo estipulado en el artículo 245 de la Constitución Política del Estado, la cual norma que “la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley.”
Esta disposición, similar a las de otras Constituciones en el mundo, tiene como objetivo construir un equilibrio interno de poder y límites dentro de este organismo estatal. Recuérdese que las FFAA están compuestas por un conjunto de personas a las que se les ha otorgado el poder de portar y utilizar armas de fuego, además de constituirse en aparato de coerción para el cumplimiento de la Constitución y la Ley cuando las autoridades pertinentes mediante procesos apropiados así se lo exijan. Dos características (ser un cuerpo armado e instrumento coercitivo) con que el ciudadano común no cuenta.
Así pues, en contraposición, y por los riesgos que implica una institución de esta naturaleza, se les obliga a subordinarse a una jerarquía y a no deliberar (obligaciones no impuestas al ciudadano común), con lo que se busca equilibrar poderes extraordinarios con restricciones igualmente extraordinarias.
Es por ello alarmante cuando acciones como las que presenciamos en los últimos días dan cuenta de una ruptura de la jerarquía a la que debieran obedecer todos los cuerpos armados del país, dejándonos entrever que la destrucción institucional del Estado boliviano está llegando inclusive a un organismo tan delicado como las FFAA y que (como todo últimamente) al menos una parte de ellas pretendería ingresar en el juego corporativo de la presión como chantaje para conseguir acciones estatales en beneficio propio.
Convencidos de que la corporativización del poder y de las decisiones estatales viola los principios democráticos en todos los ámbitos, no podemos hacer menos que llamar seriamente la atención en este caso particular, pues se trata, nada más y nada menos, que de un organismo que había mantenido la disciplina, el respeto por las instituciones democráticas y la subordinación a su jerarquía, desde el retorno de la democracia hasta ahora.
La ruptura de esta tradición debe llamar a la reflexión al Gobierno, la clase política y ciudadanía en general, respecto de la vorágine de anomia en que estamos cayendo con cada vez mayores decisiones definidas en base a la presión corporativa, y se debe recordar, también, que cuando un cuerpo armado abandona la disciplina, la jerarquía y, sobre todo, las funciones de cumplimiento de la Constitución, las Leyes y los Derechos Humanos, para usar su fuerza en pos de intereses particulares, comienza a dejar de ser una fuerza regular, para empezar a parecerse a un grupo de mercenarios, cuya característica es ser leales a quien mejor les pague.