EDITORIAL

Controvertido aumento salarial

Con reacciones muy similares a las que en diciembre pasado causó la sorpresiva promulgación del Decreto Supremo 1802, mediante el que se dispuso el pago de un doble aguinaldo para trabajadores del sector público y privado del país, ha sido recibida la decisión gubernamental de fijar el aumento de salarios para la presente gestión en un nivel más alto de lo habitual.
En efecto, gran parte de los empresarios privados del país, cuando todavía no terminan de reponerse del fuerte impacto que sobre sus planillas contables tuvo la anterior medida gubernamental, ahora tendrán que redoblar esfuerzos para cumplir la disposición que los obliga a aumentar en un 20% el salario mínimo nacional y en 10% a la masa salarial.
Tal como ya ocurriera en diciembre pasado, la medida salarial ha sido recibida con mucho entusiasmo en las filas gubernamentales, en un extremo, y expresiones de mucho temor entre quienes se desempeñan en el sector privado de la economía, en el otro.
Con muy pocas excepciones, las ya consabidas provenientes de los sectores más radicales del espectro político nacional, el aumento salarial ha sido muy bien recibido por quienes tienen la suerte y el privilegio de contar con un salario fijo. Entre ellos, los más satisfechos son los empleados públicos pues además de la manera directa como les llegará el beneficio suponen, y no sin razón, que la medida allanará el camino hacia la conservación de sus privilegios cuando llegue el momento de votar en las elecciones generales que se avecinan.
También están conformes los asalariados del sector privado. Pero no tanto como los del sector estatal, porque la experiencia ya les ha enseñado que cuando se exige a los empresarios más de lo que éstos pueden dar los primeros y más perjudicados son los trabajadores. Saben bien que la pérdida de fuentes de trabajo, o por lo menos la disminución del ritmo del crecimiento de las empresas que son sus fuentes de trabajo es una consecuencia inevitable de las presiones salariales y eso, obviamente, es algo que les preocupa.
En el otro extremo del escenario, como es natural, los empresarios privados –grandes, medianos o pequeños– que también saben que toda erogación extraordinaria trae como efecto indeseable pero inevitable la adopción de otras medidas, como la reducción de las planillas salariales a través de los despidos, la muy previsible elevación de los precios de sus productos e incluso, en no pocos casos, el cierre por insolvencia de las más frágiles.
Muy similares son las preocupaciones de quienes desde el ámbito académico advierten el aumento de la posibilidad de que nuestro país esté comenzando a perder la prudencia conservada durante los últimos años. Según ellos, erogaciones aparentemente inspiradas en una especie de prodigalidad preelectoral, a espaldas de lo que dicta la racionalidad económica, ponen al país en el grave riesgo de seguir por el camino que condujo al colapso de la economía venezolana.
En ese contexto, y dados los antecedentes del tema, resultan muy comprensibles las expresiones de preocupación. Más aún si consideramos que no es en el corto, sino en el largo plazo, que disposiciones como ésta muestran sus efectos más negativos.