EDITORIAL

La importancia de la institucionalidad democrática

La orden de reintegro del alcalde de Bogotá, Colombia, a su cargo por parte del Presidente de esa Nación y en cumplimiento a una orden de una Sala Civil, es un extraordinario ejemplo de respeto a la institucionalidad democrática en un país.
Hay que recordar que el Alcalde bogotano fue destituido por una polémica sentencia emitida por el Procurador General de Colombia, un peculiar personaje ultraconservador y sectario que emitió esa disposición por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de tratamiento de basura en la capital de Colombia.
El Alcalde recurrió a los órganos competentes, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que falló a su favor, que ratificaron la decisión del Procurador. Por ello, el Presidente de la República nominó a un Alcalde interino, primero, y, luego, a una alcaldesa perteneciente a la agrupación política que ganó las elecciones (es decir, no intentó apropiarse de ese importante espacio de poder).
Cuando todo hacía suponer que la sanción del Procurador se mantendría, se emitió la sentencia de la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá ordenando al mandatario restituir al alcalde defenestrado. Además, esta sentencia fue consecuencia de una acción de tutela ante ese Tribunal demandando el cumplimiento de la decisión de la CIDH.
De esa manera, la Alcaldía de Bogotá recupera la normalidad, aunque el desairado Procurador ha anunciado una nueva arremetida para que se aplique su decisión de revocar al Alcalde.
Fácil es colegir que no se trata de una anécdota más. Se trata, en definitiva, de una concepción profundamente democrática como es que cada órgano del Estado es independiente y que cuando la justicia se pronuncia, las autoridades administrativas, incluido el Presidente de la República, tienen que acatar la decisión. Más importante aún es conocer que éste y el Alcalde de Bogotá militan en tiendas políticas diferentes y divergentes.
Y es así como debe funcionar el sistema democrático, haciendo prevalecer el equilibrio de poderes y el respeto a las normas y procedimientos establecidos en su Constitución y leyes, más allá de si la decisión que se debe acatar sea o no del agrado de los gobernantes de turno. Algo similar sucedió cuando el ex mandatario Álvaro Uribe, respondiendo a su esencia caudillista autoritaria y corrupta, intentó ir a una tercera reelección violando la Constitución de ese país, y sólo la decisión de la Corte Constitucional colombiana hizo que desistiera de sus intentos prorroguistas, pese a la indudable popularidad de la que entonces gozaba en su país.
Desde otro enfoque, es posible señalar que el respeto a los principios de la democracia y el Estado de Derecho es una de las razones que permiten suponer que Colombia, pese a una larga y cuenta guerra civil, pueda mantenerse como una nación estructurada y organizada, y es probable, también, que sea la primacía del respeto a esta institucionalidad la que permita finalmente, que puedan ser exitosas las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las FARC.
Lo que ha sucedido en Colombia en las últimas horas, pues, debe convertirse en un ejemplo a emular en la región.