EDITORIAL

La percepción sobre la corrupción

Un reciente estudio del Barómetro de las Américas que realiza el Proyecto Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), ha identificado a Bolivia como el segundo país más corrupto de Latinoamérica, sólo después de Haití. El parámetro adoptado para llegar a tal conclusión es el porcentaje de la población encuestada que declaró haber sido víctima del cohecho durante el año anterior al estudio.
El estudio, así como las conclusiones a las que llegó no es novedoso. Son muchos los estudios similares que se hacen periódicamente y todos ellos dan muy similares resultados con variaciones insignificantes que no modifican en nada el panorama general. Así, todos los informes coinciden en señalar a Chile y Uruguay como los países latinoamericanos menos corruptos y Bolivia de manera constante aparece en el otro extremo, entre los países más afectados por la corrupción.
Igual de constante es la manera como el gobierno boliviano –el actual como todos los anteriores– reacciona ante tales datos. Sin ni la más mínima mirada autocrítica, descalifican los estudios y a las instituciones que los patrocinan y difundes, y se niegan a asumir alguna responsabilidad sobre la percepción que sobre los niveles de corrupción en nuestro país se tiene en el exterior.
Es probable que algo de razón tengan los gobernantes al cuestionar este tipo de informes pues está ya ampliamente comprobado que es excesiva la carga de prejuicios y otros factores subjetivos que intervienen en la evaluación. Y es también cierto que con excesiva frecuencia este tipo de informes son desvirtuados por el uso demagógico que hacen de ellos las fuerzas políticas de la oposición que no dejan pasar oportunidad de sacar rédito a cualquier noticia que melle la imagen gubernamental.
Ninguno de esos argumentos, sin embargo, es suficiente para negar la realidad. Es que más allá de los detalles, lo cierto es que la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los bolivianos. Así lo confirman muchos sondeos de opinión sobre el tema, el más reciente de los cuales fue publicado en la edición de ayer de este matutino. Según ese informe, la corrupción ocupa el segundo lugar de las preocupaciones del pueblo boliviano después de la inseguridad ciudadana.
Ante esa situación, hacen mal las autoridades gubernamentales al dar la espalda a la percepción de la ciudadanía. Al actuar de ese modo, alejan la posibilidad de encarar el problema con alguna posibilidad de éxito lo que, como es natural, sólo sirve para reforzar la percepción negativa sobre la transparencia con que actúan.
Durante las últimas semanas, por ejemplo, han sido muchas las denuncias que han salido a la luz pública sobre la manera poco transparente con que las más diversas reparticiones y empresas estatales adquieren bienes y servicios. Ninguna de esas denuncias ha sido esclarecida de manera convincente, lo que da como único resultado verificable, como lo indican las encuestas, el aumento de la percepción negativa sobre la manera como en nuestro país se afronta el problema de la corrupción.
Por eso, si en verdad lo que se quiere es revertir esa percepción negativa, más que impugnaciones contra esos informes lo que hace falta son medidas prácticas suficientemente convincentes.