EDITORIAL

Un buen paso contra la impunidad

El Consejo de la Magistratura, después de muchos meses de trabajo durante los que hizo 62 auditorías a otros tantos procesos legales derivados de la matanza que el 28 de agosto pasado se produjo en la cárcel de Palmasola, ha dado al país una buena señal. Es que por fin, y cuando todo parecía indicar que este caso terminaría también en el olvido, se ha abierto la posibilidad de que algo serio se haga para modificar el estado actual del sistema carcelario nacional y de las principales causas de su calamitosa situación.
La decisión del Consejo de la Magistratura no establece nada que en sí mismo sea novedoso, pues lo que hace es confirmar la existencia de indicios de responsabilidad penal y disciplinaria de funcionarios de Régimen Penitenciario, Ministerio Público y jueces en la crisis de Palmasola, algo que por lo evidente que es no constituye ninguna revelación. Que tan evidente realidad sea oficialmente reconocida por esa instancia judicial es sin embargo importante, pues abre la posibilidad de que el problema de fondo sea por fin encarado.
Eso sí es novedoso, porque hasta ahora lo único que mostraron las diversas reparticiones estatales involucradas directa o indirectamente en el tema fue el afán de soslayar el asunto, restarle importancia y mantener así las condiciones necesarias para que estallidos como el que se produjo en agosto pasado puedan repetirse en cualquier momento y en cualquier otra cárcel del país.
Lo más importante de la resolución del Consejo de la Magistratura es que ha llegado acompañada de la decisión de querellarse en contra de 116 jueces, fiscales y funcionarios de apoyo jurisdiccional sobre quienes pesan indicios de responsabilidad penal por incumplimiento de deberes, negligencia y otros delitos.
Si la firmeza que deja entrever esa resolución es ratificada en las siguientes fases del proceso, y si el Consejo de la Magistratura lleva hasta sus últimas consecuencias su determinación, se habrá dado sin duda un paso importante para afrontar una de las principales causas del colapso en que está sumido el sistema carcelario nacional, que es la pésima administración de justicia.
Que así sea, sin embargo, y a pesar de lo plausible que es, no debe hacernos perder de vista que esa es una parte, muy importante sin duda, pero sólo una, y probablemente no la principal, de un problema que tiene otros protagonistas. Es el caso, por ejemplo, de la Policía Boliviana, institución que por las atribuciones en el control de las cárceles del país tiene la mayor cuota de responsabilidad por cuanto ocurre dentro de ellas. Y al ser a su vez la institución policial directamente dependiente del Ministerio de Gobierno, resulta todo un despropósito no afrontar también esa vertiente del problema.
Es de esperar que la decisión del Consejo de la Magistratura sirva para recordar que todos los factores que ocasionaron la matanza de Palmasola están todavía intactos. Y si castigar a los jueces involucrados en tal situación es un buen paso, es del todo insuficiente mientras sigan siendo organizaciones delictivas las que en verdad administran las cárceles con la complicidad por acción u omisión de las autoridades policiales.