El asedio social al sistema de justicia…

Enrique Durán Pacheco

En los últimos meses, el Órgano Judicial ha sido objeto de serias críticas, estando entre los aspectos más cuestionados: la corrupción, los casos de extorsión y su principio de "independencia". Lo que poco se ha analizado hasta ahora, es la aplicación del principio de “sometimiento exclusivo a la Constitución y las leyes”, tema que merecerá la atención de este artículo.
Es que de un tiempo a esta parte, la justicia se ve afectada por grupos de intereses sectoriales, económicos y políticos cuyo objetivo ha sido influir en sus decisiones, recurriendo a prácticas de presión social (marchas, bloqueos, vigilias, huelgas, etc.) que –en el pasado reciente– acorralaron gobiernos y los forzaron a aprobar normativas a “punta de movimientos sociales”.
Este fenómeno nos brinda algunas de las pistas que indicarían por qué la coyuntura sociopolítica del país está "sobre-judicializada", siendo resultado del feudo gubernamental establecido con los “corporativismos sociales” (sindicatos, confederaciones, gremios, cooperativistas, asociaciones y otros), cuyas cuotas de poder e intereses representados en la Asamblea Plurinacional generan anomia en el tejido político, principalmente cuando entran en conflicto entre sí o con el gobierno, imposibilitando gestionar o contener sus demandas y presiones, las que terminan siendo desviadas hacia ámbitos judiciales.
A partir de esta hipótesis, se podría explicar cómo los movimientos sociales han inclinado su asedio hacia escenarios judiciales e, incluso, lo han focalizado en las máximas instancias de justicia. Un ejemplo de ello se pudo observar hace poco, cuando la Confederación de Microempresarios y Comerciantes de Bolivia efectuó marchas y vigilias en puertas del Tribunal Constitucional, para que luego de conocida una sentencia insinuaran públicamente que la misma se debió a sus medidas de presión. Estos hechos deberían llamar la atención de las autoridades judiciales, pero parecen no hacerlo, pues no se han pronunciado para descalificar estos excesos sociales, ni para aclarar que ninguna movilización o presión afectará sus decisiones.
Este tipo de prácticas comienzan a ser habituales y lo serán más aún si consideramos que en el ámbito judicial se están dirimiendo controversias de altos intereses políticos y económicos como: la convocatoria a elecciones de la Universidad San Francisco Xavier; los conflictos mineros y cooperativistas; más de 300 Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos; los casos Chaparina, Terrorismo, Caranavi, 24 de Mayo, Calancha y Porvenir; o las previsibles inhabilitaciones de candidatos que se presentarán en vísperas de los periodos electorales; solo por mencionar algunas. A partir ello, se hace presumible que en breve las puertas de los tribunales estarán asediadas por movilizaciones sociales, que en muchos casos camuflarán intereses políticos partidarios que buscan acogerse a la inmunidad de la que han venido gozando los denominados movimientos sociales.
Por lo expuesto, se hace indispensable que las autoridades judiciales rompan aquel silencio legitimador que han mantenido hacia estas presiones e injerencias, que aunque tuvieran “origen social”, causan daños irreparables a la credibilidad del sistema de justicia. De lo contrario, seremos testigos de la pérdida total de institucionalidad judicial, lo cual debería preocuparnos de sobremanera a todos(as) porque atenta contra las bases del sistema democrático y a la vez vulnera sistemáticamente nuestro derecho a la justicia, el cual debería estar garantizado mínimamente por los principios de "independencia" y "sometimiento exclusivo a la Constitución y las leyes”.
¿O qué opina usted?