EDITORIAL

Nueva arremetida

Al margen de la sucesión de informaciones y opiniones acerca de la línea editorial del periódico La Razón y la relación de sus principales ejecutivos con el MAS y el Gobierno, la demanda que ha interpuesto el Procurador del Estado en contra de un periodista y la directora de ese matutino por la difusión de informaciones relativas a la Memoria que el país ha presentado ante la Comisión Internacional de Justicia (CIJ) en el proceso incoado en contra de Chile, parece una acción descabellada.
De acuerdo a la denuncia hecha por La Razón, el Procurador los acusa de “una presunta comisión del delito de espionaje, revelación de secretos” y pide “iniciar acción penal por delitos de orden público” y que el juez competente “levante el secreto de fuente”.
Habrá que aclarar que no se ha publicado en la Gaceta Oficial ni en ningún otro medio de difusión ninguna disposición que clasifique a la Memoria como secreto de Estado; por tanto, al difundir ese periódico asuntos relacionados a este tema no ha cometido delito alguno. Además, a los dos días de difundida la información por La Razón, el Gobierno presentó la Memoria ante La Haya y conforme procedimiento, se entregó copia de la misma a los representantes chilenos, y Perú, a su vez, ha solicitado otra copia. Por tanto, no hay ningún secreto... tal vez alguna reserva, pero es otro tema.
No está demás recordar que cuando se reveló la masacre de May Lay en Vietnam en Estados Unidos, se sentó el precedente de que no hay secreto que los medios no puedan o deban divulgar, salvo que al hacerlo se ponga en peligro la vida, que es el valor supremo de la humanidad, que no es el caso de la Memoria.
Asimismo, un periodista no “espía” para realizar su trabajo. Qué mala conciencia se tendrá en algunos niveles de gobierno que consideran que una investigación, una entrevista o las tradicionales técnicas para obtener información, sean catalogadas por una importante autoridad como es el Procurador como acto de espionaje.
Por último, salvo que hayan retornado los tiempos de los decretos y leyes reservados, está vigente la Ley de Imprenta que debe ser necesariamente aplicada cuando se trata de funcionarios públicos.
Se presupone que el Procurador conoce el marco normativo señalado. Por tanto, lo que parece ser un exceso puede ser interpretado de otra manera: una necesidad, y lo que esa autoridad quiere es conocer el nombre de quién o quiénes han pasado información reservada y privilegiada al periodista de La Razón, hecho que, en su momento, incluso molestó al Presidente del Estado en declaraciones que realizó luego de presentar en La Haya la Memoria boliviana.
En este contexto, además de expresar nuestra solidaridad con los colegas de La Razón, es posible sostener que, una vez más, algunas autoridades utilizan este tema con fines de interés interno, y se debe advertir que estamos frente a una nueva arremetida en contra de la libertad de expresión e información que debe ser debidamente denunciada, pero, sobre todo, paralizada si se quiere preservar los principios básicos de un sistema democrático.