COLUMNA VERTEBRAL

La libertad y la razón de Estado

Carlos D. Mesa Gisbert.- La idea de la libertad se traduce del mejor modo cuando tenemos la certeza de que un pensamiento, por muy distinto y contrario que pueda parecer incluso a los razonamientos más extendidos y comúnmente aceptados por la mayoría, puede ser expresado libremente en privado y en público. No hay una causa más próxima a los intereses de una sociedad, de una nación, de la patria –si es que queremos asumir la idea fuerza de un vínculo emocional con una comunidad simbolizada por ese concepto– que la seguridad que la patria me da, de que soy una persona libre y que sé que puedo actuar libremente con el único límite del sometimiento a la ley.
La defensa de los intereses de la nación, en lo que toca a su seguridad y a sus causas más importantes, debe hacerse siempre sobre premisas que no den lugar ni a la total subjetividad ni a la total discrecionalidad, conscientes de que el derecho del Estado de preservar su seguridad y sus intereses supremos está fuera de toda discusión. Por eso, es imprescindible definir con claridad el alcance de esa defensa y el análisis sereno de cuándo es que realmente esos intereses y esa seguridad han sido puestos en riesgo.
El ejercicio de la libertad está depositado mejor que en ningún otro ámbito, en la certeza de que los medios de comunicación, diciendo, denunciando y fiscalizando al poder, son una muestra de la fortaleza y la solidez de nuestra libertad colectiva. Por eso, sólo pueden ser limitados cuando es inequívoco que la acción de un periodista o un medio, han puesto en riesgo la seguridad nacional.
Cuando Julian Assange y Edward Snowden actuaron, los Estados Unidos de América como Estado invocó su seguridad nacional y sus autoridades afirmaron que en diferentes momentos y por diferentes razones, ambos personajes vulneraban sus leyes al haber puesto al descubierto millones de datos que ponían en evidencia el funcionamiento de la diplomacia estadounidense, o revelaban la actividad universal e indiscriminada de espionaje ejercida por la Agencia Nacional de Seguridad de ese país en el mundo entero. La posición del gobierno de Bolivia en ambos casos fue la de respaldar el derecho a la libertad de expresión, ejercida por ambas personas y, más aún, celebraron que así fuera porque se ponía en evidencia el poder desmesurado de la primera potencia del mundo.
No me cabe la menor duda de que la causa marítima es esencial y el tema más importante y sensible de la política exterior del país. Tengo la certeza de que la prudencia y la confidencialidad son en este caso imperativos para sus autoridades, sus funcionarios y para quienes hemos asumido una responsabilidad directa en un objetivo mayor como este. El mar es, por todo ello, una razón de seguridad, de confianza en lo que hace el Estado.
En el marco del pluralismo, los medios de comunicación del país prácticamente sin excepciones, se han alineado en el respaldo a nuestra demanda y se han adherido a las razones que justifican y explican el Juicio presentado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. En este camino y a favor de esta causa, no creo que haya mejor lección de seguridad, de confianza en lo que hace el Estado y el gobierno, que la absoluta libertad para que periodistas y medios escriban, opinen e investiguen. ¿Cuál es el límite para ese trabajo? Que el imperativo de la confidencialidad que compromete nuestra causa, por ejemplo el contenido de la Memoria presentada por nuestro país, mantenga sus condiciones de reserva y confidencialidad imprescindibles. Eso, sin embargo, no quiere decir ni puede interpretarse como una barrera para que un periodista y un periódico escriban sobre las características formales de la entrega del documento en Holanda, las hipótesis contempladas, el debate sobre el mejor camino a seguir y la lógica que culminó en la ruta escogida para el juicio. Ruta que es de público conocimiento y que, como no podía ser de otra manera, el gobierno ha hecho conocer y debe hacer conocer al mundo.
El mayor riesgo es el celo excesivo, transmitir la idea de que en una cuestión de esta dimensión los funcionarios del Estado tienen miedo. No puede asumirse que un artículo exhaustivo sobre la cuestión citada, redactado con las legítimas herramientas de un periodista, que incluyen la protección de fuentes, comprometen al Estado. Lo que publica una investigación del New York Times, o El País, o Le Monde, no puede ser asumido por una corte nacional o internacional como una infidencia, una imprudencia, o una vulneración de un compromiso de Estado, porque esos periódicos como medios privados o independientes, obviamente son voces que no comprometen ni al Estado ni al país, sino a su propia voz.
La libertad será siempre y por encima de todo la mejor garantía de que Bolivia actúa en su política de Estado con firmeza y convicción y de que le asiste la razón de la historia, de la justicia y de la ética.