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¿MAS allá del 1 ciudadano = 1 voto?

Arturo Yáñez Cortes

La polémica instalada sobre el flamante Reglamento de delimitación de circunscripciones uninominales aprobado por el Tribunal Supremo Electoral que elimina diferencias entre circunscripciones urbanas y rurales, genera algunas urgentes reflexiones sobre el rumbo que estaría tomando el estado plurinacional en lo que concierne a la igualdad ciudadana y la calidad y –me temo- vigencia de su sistema democrático, que de aplicarse el comedido reglamento terminarán a la deriva.
Cualquier consideración, así sea elemental, sobre los sistemas electorales de los sistemas genuinamente democráticos se funda en el respeto del sufragio universal, directo, secreto y claro está: igual.
Aquella última característica, se plasma en el principio 1 ciudadano = 1 voto que implica fundamentalmente desterrar del ámbito electoral cualquier tipo de discriminación, sea por cuestiones vinculadas con la raza, color, lugar de residencia o cualquier otra, al extremo que históricamente -será clave ahora recordarlo- fue una de las reivindicaciones principales de las luchas contra el sistema racista del apartheid, encabezadas por el mismísimo Mandela. Se trata entonces, de un principio esencial de los sistemas democráticos en los que el voto de un ciudadano tiene exactamente el mismo impacto que el de otro, sin ningún tipo de distinción o ponderación, por lo que para la emisión y conteo de votos así como la distribución de escaños, no deben pesar consideraciones de clase género, etnia, región, etc. Así las cosas, está vedado añadirle al voto del ciudadano, cualquier característica adicional que menoscabe o sobredimensione aquél principio cardinal electoral.
Los que saben, enseñan que los sistemas que propugnan variaciones en función a criterios que huyen de la igualdad y pretenden justificar esas desviaciones, generan la manipulación de la representación política en favor de ciertos grupos sociales o peor, partidos que –previos los cálculos respectivos de algunos matemáticos trasnochados- pretenden so pretextos variados, justificar la representación desigual para convertirla en burda ventaja partidista, que aunque sea difícil eliminarla completamente, genera “patologías electorales” que vulneran hasta los más silvestres entendimientos sobre igualdad y ciudadanía.
De ahí que sea burdo que el Tribunal Supremo Electoral llamado constitucionalmente a organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales según el art. 26 de la CPE, que precisamente caracteriza al sufragio como igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio e incluso, explica que la ciudadanía consiste en concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones públicas, le haya metido no más y formule ese mamarracho reglamentario e incluso ahora ante el zafarrancho desencadenado por su torpe actuación, pretenda justificarla a como dé lugar, pese a que sus cifras no cierran y sus forzados argumentos no convencen. Pese a esos esfuerzos que parecen tomarnos a los ciudadanos como tontos o algo parecido, el tamaño descriterio del TSE obedece simple y llanamente a su tan bien ganada fama de su desvergonzada sumisión al partido de gobierno, pues de un elemental análisis de quien resulta favorecido por aquél reglamento (la más elemental técnica de investigación), cae de maduro que se trata precisamente del partido cuya mayoría les designó en tal cargo y las facturas deben pues honrarse, aunque sea mediante artimañas de ese calibre. Con esa triste muestra, que no es un botón sino algo de peor magnitud, el semáforo electoral está en rojo pues estaríamos en vísperas de temer otras deplorables actuaciones que convertirían al estado plurinacional en una democradura o neodictadura, con presidente cuasi vitalicio y todo, propio ya no siquiera de una república bananera sino de un estado cocalero. ¿O será que como dice Emilio MARTINEZ? “Sólo hacen elecciones democráticas los demócratas. Los autócratas hacen teatro”. ¿Veremos entonces cosas peores?...