CHAPARINA. Los indígenas del TIPNIS fueron reprimidos por la Policía en 2011.

DENTRO DEL CASO CHAPARINA

Fiscalía decidió no reabrir investigación para Sacha

El fiscal General, Ramiro Guerrero, negó ayer que la fiscal de La Paz, Rosario Venegas, haya emitido una resolución disponiendo la “reinclusión” del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti dentro de la investigación del caso Chaparina y aclaró que lo único que está haciendo el Ministerio Público es cumplir con lo establecido por un Tribunal de Garantías de pronunciar una nueva resolución fundamentando esa exclusión.
De esa manera Guerrero desmintió que la fiscal departamental en suplencia legal de La Paz, Rosario Venegas, hubiera emitido una resolución que permite "reincluir" al ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en el caso Chaparina, tal como informó la abogada de las víctimas de la represión, Claudia Lecoña.
“La doctora Venegas dictó una nueva resolución por la cual se permite a las víctimas reabrir la investigación contra Sacha Llorenti y eso es lo que vamos a hacer por parte de la señora Olga Flores”, señaló la jurista en La Paz.
Sin embargo, Guerrero dijo que esas personas están distorsionando la información porque la Fiscalía jamás resolvió reabrir la investigación en contra de Llorenti y lo que se está haciendo es presentar nueva resolución de exclusión con mayor fundamentación en cumplimiento de lo establecido por la Sala Penal Tercera de La Paz que en abril ordenó al Ministerio Público dictar una nueva resolución fundamentada.
“Lo que se está haciendo a través de la fiscalía de La Paz es hacer esa resolución con mayores elementos, mayor fundamentación, y a partir de eso cumplir lo establecido por el Tribunal de Garantías”, aseguró Guerrero.
La abogada de las víctimas, Claudia Lecoña, subrayó que existen nuevas pruebas para sustentar la responsabilidad de Llorenti, como las declaraciones de Boris Villegas, la ex ministra Cecilia Chacón y de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Amparo Carvajal.
Con esa prueba, estimó que hasta el jueves o viernes presentarán un pedido de imputación formal contra el ex ministro por, supuestamente, ordenar la represión a la octava Marcha indígena el 25 de septiembre de 2011. CORREO DEL SUR y Erbol