EDITORIAL

Un valioso triunfo sobre la arbitrariedad

Con una sensación de gran alivio ha sido recibida la decisión del Tribunal Supremo Electoral de dar modificar el reglamento de la Ley Electoral vigente y así cerrar cualquier posibilidad de introducir radicales cambios en la cartografía electoral con miras a las elecciones generales de octubre próximo. La sensatez que tal decisión deja entrever es sin duda un acierto del Órgano Electoral y es por eso justo que sea valorada en su justa dimensión.
En circunstancias normales, una decisión como la que comentamos pasaría seguramente desapercibida y no merecería ningún comentario especial pues lo que ha hecho el TSE no es nada más que hacer lo correcto. Sin embargo, por los antecedentes del caso y por los muchos motivos que dieron sólido fundamento a los temores que precedieron a la publicación oficial de la cartografía, la actitud final del TSE merece ser relievada precisamente porque las circunstancias en que se produjo no son normales. O por lo menos no tanto como sería de esperar.
Vale la pena recordar al respecto que las suspicacias que sobre este tema tanto abundaron durante los últimos días no fueron de ningún modo infundadas. Y no lo fueron porque hasta la víspera de la resolución final del TSE, algunos de sus vocales, con el respaldo explícito de los más activos operadores políticos de las fuerzas gubernamentales, se empeñaban en justificar la versión inicial del reglamento cuya característica principal era la desmesurada flexibilización del margen de variación permitido entre la distribución poblacional ideal y la dejada sujeta a la arbitrariedad.
En efecto, de ningún modo puede atribuirse a un exceso de susceptibilidad la alarma que despertó la insistencia con que se quiso elevar hasta un 34.5 por ciento el margen de variación a la hora de rediseñar las circunscripciones. Lo único que podía haberle dado algún sentido práctico a esa actitud era la posibilidad de llevar a un extremo inaudito la distorsión del más elemental principio democrático que es el que asigna similar valor, aunque no llegue ser idéntico, a los votos de todos los ciudadanos de un país.
Fueron tantos los esfuerzos hechos durante los últimos meses para hacer prevalecer ese propósito que merece un especial reconocimiento la firmeza con que desde los más diversos escenarios se salió en defensa de la salud de la institucionalidad democrática. Los líderes políticos –incluidos algunos excepcionales pero por eso mismo muy meritorios oficialistas, los movimientos cívicos, los medios de comunicación y muchas de las principales instituciones del país supieron hacer oír su voz de protesta y lo hicieron con la claridad suficiente para evitar que se consume el despropósito que tanto se temía.
En ese contexto, merece especial reconocimiento la firmeza con que dos de los miembros del TSE defendieron su libertad de criterio y opinión disidente y no cejaron en su afán de promover internamente un análisis y reflexión sobre las posibles consecuencias de sus actos. El hecho de que esa haya sido la actitud que finalmente se impuso es una señal muy alentadora en lo que al futuro de la salud y solidez de nuestras instituciones democráticas se refiere.