EDITORIAL

Soza y sus circunstancias

El ex fiscal Marcelo Soza es, nuevamente, objeto de información. No sólo que en una entrevista ratificó el contenido de una carta que escribiera al asilarse en Brasil denunciando haber sido objeto de presión y manipulación por el gobierno, sino que la Agencia de Noticia Fides (ANF) tuvo acceso a la declaración que prestó en el vecino país para solicitar refugio político y en la que hace acusaciones más graves aún sobre el caso Rózsa, que involucran a personajes muy cercanos a varias autoridades políticas del país.
No está demás recordar el contexto en el que este ciudadano adquirió notoriedad. Soza fue investido por el gobierno de mucho poder para dirigir el caso Rózsa y mantuvo en el terror a cientos de ciudadanos acusados de participar en el supuesto intento separatista que el ciudadano boliviano-húngaro habría intentado organizar. Pero, ese poder comenzó a desvanecerse cuando gracias a la presión de un actor estadounidense amigo del ex mandatario venezolano Hugo Chávez, el Presidente Morales tomó conocimiento de un caso de extorsión por parte de una red de funcionarios de tercer nivel de los ministerios de la Presidencia, Transparencia y Gobierno, encargado de hacer seguimiento a los casos de enjuiciamiento a ciudadanos vinculados a la oposición, particularmente de Santa Cruz.
Develada esta banda, que tenía importantes conexiones con jueces, fiscales y hasta algunos parlamentarios, comenzó a desmoronarse el poder de dicho fiscal y salir a luz pública una serie de actos delictivos presuntamente cometidos por éste y sus secuaces. Por la denuncia valiente de una senadora se conoció grabaciones con el registro de la voz de exfiscal a importantes operadores políticos del gobierno, en las que se presuntamente se definía el curso de las actuaciones en el caso Rózsa y otros.
Pese a los intentos realizados desde varios ámbitos del Estado para descalificar esas denuncias, éstas tomaron cuerpo y fueron tan contundentes que no se pudo evitar que Soza pase a ser investigado por el Ministerio Público, entidad que actuó con tal grado de negligencia que posibilitó la fuga del sindicado.
Hasta ahí la historia de Soza (cuyas declaraciones tendrán, pese a los esfuerzos gubernamentales por descalificarlas, decisiva consecuencia en el procesamiento del caso Rózsa). Esa es una muestra más de nuestra precaria institucionalidad y de los devaneos del poder.
Hasta el descubrimiento del tenebroso papel cumplido por Soza, éste era un elogiado funcionario por parte de importantes autoridades de Gobierno, que veían en él un dócil instrumento para desactivar una oposición aparentemente violenta. En cambio, para la oposición, se trataba de un temible personaje, que operando con el apoyo del Estado violaba sin pudor alguno derechos fundamentales de las personas.
Hoy, hay un cambio de percepción. Soza es para todo funcionario de gobierno un “delincuente confeso” e incluso ahora aliado de los separatistas. En cambio, para algunos sectores de oposición es un converso a la democracia.
Triste caso que muestra cuán frágiles son nuestras instituciones y cuán efímero –aunque letal– es el ejercicio del poder al margen de la ley y la Constitución.