EDITORIAL

Chile y La Haya

Más allá de cualquier especulación, se hace cada vez más evidente que la Memoria que el país ha presentado ante la Comisión Internacional de Justicia (CIJ) demandando que se obligue a Chile a negociar una salida libre y soberana al Océano Pacífico por lo menos ha dejado descolocadas a muchas autoridades y ex autoridades chilenas.
Un ejemplo de esa desubicación es la que exhibe el Ministro de Relaciones Exteriores. Hasta ahora, ha cambiado de visión sobre la demanda boliviana por lo menos en cuatro oportunidades. Ha aparecido en los medios chilenos una serie de opiniones sugiriendo a sus gobernantes atender con seriedad la demanda boliviana y, como pocas veces antes, dar prioridad a la política de zanjar el conflicto con Bolivia por su demanda al mar.
Pese a ello, la tendencia que se está imponiendo en el país vecino es la tradicional, esta vez, lamentablemente, avalada por sus cuatro ex presidentes democráticos. Manteniendo la falacia de que entre Bolivia y Chile no hay tema pendiente han sugerido a la mandataria Michel Bachelet presentar la incompetencia de la CIJ para tratar la demanda boliviana con el argumento de que está plenamente vigente el Tratado Paz y Amistad suscrito en 1904.
Aparentemente esa sería la decisión final y lo que aún estaría en debate es cuándo y cómo se la procesará: si el próximo mes de julio, plazo procesal para este tipo de pedidos o en la “contramemoria” que presentará Chile hasta mediados de febrero del próximo año.
Empero, más allá de lo que decida hacer el gobierno de Chile, lo que corresponde a las autoridades del país es no caer en las provocaciones que irán surgiendo desde ese país u otros y mantener, como hasta ahora y con peligrosas pero controladas excepciones, la decisión de no utilizar el tema con fines sectarios. Adicionalmente –y probablemente será lo más difícil para las autoridades– impulsar un verdadero proceso de búsqueda de consenso respecto a nuestra posición. Hasta ahora, el Gobierno ha actuado con prudencia, pero hay gafes que pueden provocar reacciones completamente adversas.
Una de ellas es la forma en que ha actuado el Procurador del Estado respecto a una publicación del periódico La Razón, y las innumerables acusaciones en contra de su directora, del periodista y de las fuentes utilizadas (“¡traidores a la patria!, ¡infidentes!”, les han dicho entre otras acusaciones de grueso calibre, cuando no hay materia alguna para lanzarlas ni, sobre todo, tipificación posible).
Otra condición es recurrir al convencimiento antes que a la agresión y convencerse de que es legítimo el disenso. Y también que cumplan con rigor su promesa de subordinar a la estrategia marítima toda su política exterior, aspecto donde aún se presentan peligrosas situaciones que sería útil enderezar. Por ejemplo, el voto a favor de la secesión en Ucrania no parece lo más conveniente a nuestra política marítima.
En definitiva, todo indica que el país está en el buen camino. Y para que su recorrido conduzca a un buen resultado se requiere paciencia, prudencia y consecuencia.