RESOLUCIÓN. La audiencia se desarrolló en ausencia de Ana María Quinteros.

POR DECISIÓN DE UN JUEZ DE ACCIÓN DE LIBERTAD EN EL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA

Caso Quinteros: Piden atender apelación

Sucre/CORREO DEL SUR

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia fue conminada por un juez de garantías constitucionales a resolver en 24 horas las apelaciones del Ministerio Público, que insiste en la detención preventiva de la ex directora departamental de Educación Ana María Quinteros, o decida por el pedido de libertad irrestricta, tras revocar la resolución de los vocales que emplazaron a un juez cautelar emitir nuevo dictamen.
Quinteros y su ex asesora legal en el extinto Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), Rocío Gutiérrez, fueron imputadas por supuestos cobros a profesores por ítems y certificaciones para las compulsas en el magisterio chuquisaqueño. Ambas cumplen la medida cautelar de la detención domiciliaria.
La pasada semana, los vocales Iván Sandoval y Hugo Córdoba que actuaron de tribunal de apelación, dejaron sin efecto la resolución del juez cautelar Roberto Valdivieso, que dispuso la detención domiciliaria de Quinteros, e instruyeron que en 24 horas esta autoridad convoque a audiencia para emitir una nueva resolución tomando en cuenta las declaraciones de uno de los testigos de la Fiscalía.
Esta decisión molestó a la defensa de la ex funcionaria que dijo que los vocales “se lavaron las manos” y devolvieron el caso al juez cautelar cuando deberían resolver la apelación disponiendo la detención preventiva de Quinteros a pedido de la Fiscalía o su libertad irrestricta, señaló el abogado de la parte imputada, Jaime Tapia.
En criterio de Tapia, la resolución de los vocales, vulnera los derechos y garantías constitucionales de su defendida, lo que motivó a plantear una Acción de Libertad que fue tramitada por el juez Eduardo González, que resolvió conminar a los vocales de la Sala Penal a dictar una nueva resolución atendiendo las solicitudes de la Fiscalía y de la defensa.
“El Tribunal de apelación prolongó la agonía de mi defendida al anular la decisión del juez cautelar retrotrayendo el caso al momento de la aprehensión (de Quinteros) en la Policía y dejando en manos de la Fiscalía la situación”, protestó Tapia en la audiencia del sábado.
El jurista dijo que esperarán la convocatoria de los vocales a la audiencia y no descartó el inicio de algunas acciones legales porque el tribunal de apelación, conformado por Sandoval y Córdoba, ya emitió criterio respecto a la apelación y lo correcto sería que se aparten del caso.
En cambio, en criterio de los vocales, fue el juez quien no tomó en cuenta todos los elementos de prueba presentados por la Fiscalía y por eso debe convocar a otra audiencia y en 24 horas dictar nueva resolución.
Para el Ministerio Público, el juez cautelar incurrió en un “error” al no haber tomado en cuenta la entrevista informativa policial de uno de los involucrados en la supuesta venta de certificados para acceder a ítems en el magisterio, por eso, el tribunal de apelación lo conminó a dictar un nuevo auto.
El fiscal departamental, Roberto Ramírez, señaló que la conminatoria de los vocales no fue para el Ministerio Público sino para el juez. Sin embargo, esta situación cambió el fin de semana porque un juez de acción de libertad devolvió la conminatoria al tribunal de apelación para que atienda la solicitud de la Fiscalía y de la defensa.

Investigación

El Ministerio Público investiga en la Dirección Departamental de Educación, la supuesta venta de certificados para acceder a compulsas e ítems de maestros para unidades educativas cercanas a la capital.