EDITORIAL

Más debate sobre la guerra contra las drogas

Hace unos días, la London School of Economics (LSE), uno de los centros académicos más prestigiosos del mundo, ha presentado un estudio que, según los expertos en el tema, es el balance más completo y minucioso hecho hasta la fecha de los 40 años transcurridos desde el inicio de la guerra contra las drogas.
El trabajo, que fue elaborado por un grupo de 13 expertos respaldado por cinco de los economistas ganadores del Premio Nobel, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz, y el actual viceprimer ministro de Gran Bretaña, Nick Clegg, llega a una conclusión categórica. Afirma que esa forma de afrontar el problema de las drogas ha sido un rotundo fracaso, que ha causado muchos más daños que beneficios, que representa una enorme carga financiera y es una de las principales causas de violación de los derechos humanos básicos. Por eso, exhortan a los Gobiernos del mundo y a los organismos internacionales a dar fin con esa fórmula fallida y buscar nuevas alternativas que permitan controlar su uso.
El estudio, cuyo impacto resulta multiplicado por la importancia de la institución patrocinadora como de los personajes que lo respaldan, marca un nuevo hito en una campaña internacional cuyo principal objetivo es llegar a la Asamblea General de la ONU de 2016 con una corriente de opinión pública mundial más favorable a la revisión de las actuales políticas de lucha contra las drogas. Para ese año, está prevista una sesión especial dedicada al futuro de las políticas antidrogas.
Entre los antecedentes más inmediatos del proceso que conduce a la reformulación de la política mundial contra las drogas, destaca el comunicado conjunto que los jefes de Estado de Colombia, México y Guatemala presentaron en 2012 ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitando la revisión “urgente” de las políticas antidrogas. Un año después, la Organización de los Estados Americanos publicó un informe que exhortaba a flexibilizar esas políticas y a tomar en cuenta la posibilidad de su despenalización, y ese mismo año, durante la Asamblea General de la ONU de 2013, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, calificó de “visionaria” la legalización de la producción y consumo de marihuana que adoptó Uruguay y, con distintos alcances, los estados de Colorado y Washington en Estados Unidos.
En el plano legislativo, los pasos más importantes en esa dirección los han dado Uruguay, Portugal y algunos estados de Estados Unidos que ya han aprobado leyes que cuestionan los dos rigurosos tratados que guían a través de la ONU la política mundial contra las drogas: la Convención Única sobre Estupefacientes (1961) y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971).
En ese contexto, y considerando el creciente vigor que está adquiriendo en todo el mundo la corriente favorable a la revisión de las fórmulas de lucha contra las drogas actualmente vigentes, todo parece indicar que 2016 será un año decisivo, pues la Asamblea General de la ONU tendrá que elegir entre revisar o conservar el actual modelo basado en la creencia de que las políticas prohibicionistas pueden resolver el problema mundial de las drogas.