INFORME. El representante del Alto Comisionado de la ONU, Dennis Racicot en Sucre.

PARA ENCARAR REFORMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La ONU ve insuficiente presupuesto judicial

Sucre/CORREO DEL SUR

El Estado boliviano todavía no garantiza recursos económicos suficientes al sistema de justicia como ocurre en otros países que por ley destinan un 6% de su presupuesto total; si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Ministerio Público recibieron recursos adicionales, esto no llegó al sistema judicial en su conjunto, advirtió ayer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en su informe anual sobre la administración de justicia.
El representante del Alto Comisionado en Bolivia, Dennis Racicot, presentó ayer el informe específico sobre el sistema de administración de justicia ante las autoridades judiciales.
Racicot señaló que las medidas adoptadas por las autoridades todavía no lograron revertir la profunda crisis del sistema judicial estigmatizada por la corrupción, la retardación de justicia y la insuficiente cobertura de los servicios judiciales.
El diplomático señaló que hay avances en la aprobación de nuevas normativas para mejorar el sistema de justicia pero los recursos económicos son insuficientes para implementar estas reformas que demuestren resultados.
“Hay que bajar la montaña del rezago de los casos, las detenciones que causan hacinamiento con más de 240 mil detenidos”, afirmó Racicot y recomendó al Órgano Judicial la aplicación de mecanismos de informatización para detectar los problemas en las cárceles.
La aplicación excesiva de la detención preventiva sigue siendo una regla que está provocando mayor hacinamiento en las cárceles, asegura el informe, y en muchos casos los detenidos están cumpliendo sanciones anticipadas que sobrepasan lo establecido para el delito supuestamente cometido.
Racicot observó el uso abusivo del sistema de recusaciones y otros recursos que dilatan los procesos.
También se refirió a las limitaciones de las audiencias que no son continuas y con permanentes suspensiones como ocurre en los casos Porvenir, Terrorismo y otros.
“Son casos complejos, pero que deberían durar seis meses o a más tardar un año, con un Tribunal que funcione de forma permanente”, enfatizó.
Sobre la independencia judicial, el Alto Comisionado destaca los esfuerzos del Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional Plurinacional en la elaboración de los reglamentos para la carrera judicial y fiscal y las escuelas de formación pero cuya implementación todavía falta.
Resaltó los avances en la transparencia institucional a través de los informes de rendición pública de cuentas y la creación de las unidades de transparencia. Asimismo, la cobertura de las acefalías de jueces y vocales para mejorar el acceso a la justicia.
Destacó las resoluciones constitucionales que tienen impacto en materia de Derechos Humanos y, entre ellas, las sentencias que declararon inconstitucional la suspensión de jueces y autoridades políticas con la sola imputación; las resoluciones respecto a la jurisdicción indígena originaria y de protección a las mujeres.

Informe judicial

El informe 2013 sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia fue presentado públicamente en marzo, pero ayer, se hizo referencia específicamente al sistema judicial y ante las autoridades judiciales.