MAGISTRATURA. Las notarías siguen bajo la tutela del Consejo.

EL TCP EVITÓ EL CAOS JURÍDICO, ASEGURA SALAME

Consejo: Las notarías funcionan normalmente

Tras las críticas del Gobierno al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la admisión de una demanda de inconstitucionalidad que paraliza la implementación de la Ley del Notariado, el Consejo de la Magistratura aseguró ayer que las notarías están funcionando normalmente y por tanto no existe ningún vacío legal; mientras el magistrado Rudy Flores responsabilizó de esa decisión a sus colegas Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraide Chanez.
El decano del Consejo, Roger Triveño, señaló que las notarías continúan bajo la dependencia del Órgano Judicial entretanto no se pronuncie el TCP sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por el diputado Juan Luis Gantier.
“Las notarías continúan bajo nuestra dependencia, existe un fallo de carácter vinculante que es de cumplimiento obligatorio y tenemos que sacar necesariamente algunos instructivos para que los notarios de acuerdo al procedimiento civil tienen que adecuarse a los cambios”, aseguró.
Por su parte, la presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Silvia Salame, señaló que el TCP, evitó un caos jurídico al estar en duda la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha norma.
“Están actuando de mala fe desde el Ejecutivo y el Legislativo, porque el ingreso por valores y timbres que iban al Consejo de la Magistratura, con esta ley pasaban al Ministerio de Justicia; eso les ha dolido, que no pueden recibir esos dineros”, aseguró.
En cambio, el magistrado Flores también criticó a adhesión y acusó a los miembros de la comisión de admisión de aprobar el auto que suspende la vigencia de la ley del notariado.
El procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, reiteró ayer que el TCP provocó un “gravísimo vacío jurídico”, además de “violar” la CPE. Puede admitir la demanda, pero una norma de atención de servicios públicos fundamentales, como es la Ley del Notariado, no puede ser dejada sin efecto a priori en su totalidad, dejando en el más absoluto limbo todas las relaciones jurídicas que necesitan fe pública o de un notario”, enfatizó.