ACTO. La promulgación de la norma, ayer, en la ciudad de Oruro.

GOBIERNO DESTACA CONSENSO CON SECTOR MINERO

Rige una nueva ley minera que procura la inversión

Oruro/Agencias

Está en vigor desde ayer la nueva Ley de Minería y Metalurgia que pretende diversificar las inversiones y promover la cadena de industrialización minera, además que obliga a que la extracción de recursos cuente con aval estatal.
En el acto de promulgación en la Gobernación de Oruro, abarrotada por mineros, el presidente en ejercicio Álvaro García Linera enfatizó que la nueva ley se enmarca en la Constitución Política del Estado, promulgada en 2009, que reconoce como actores mineros a los sectores privado, estatal y cooperativista.
La inversión extranjera es bienvenida a Bolivia, afirmó, pero bajo las condiciones impositivas, de responsabilidad social y medioambiental que establecen las normativas locales. "Esas son las reglas para el sector privado. Si está de acuerdo bienvenido, respeto y protección", enfatizó.
Los impuestos para el sector minero privado oscilan entre el 55 y 63% de las ganancias, según el Mandatario y aclaró que los cambios en el régimen impositivo serán precisados en otra norma.
En cuanto a la minería cooperativista, García Linera dijo que ese sector accederá a yacimientos importantes, pero solicitó tecnificar la producción y no continuar sacando el mineral a mano.
La normativa establece en su Artículo 151 que todo contrato entre una empresa privada transnacional y nacional con una cooperativa minera sólo será legal cuando cuente con el aval de la Asamblea Legislativa.
En el acto estuvieron presentes los presidentes de Diputados y del Senado, Marcelo Elío y Eugenio Rojas, respectivamente. García Linera afirmó que, a diferencia de la anterior ley minera, la nueva norma fue elaborada junto a los trabajadores mineros. “La Ley de Minería de 1997 que entregaba todos los recursos del Estado a los extranjeros, que marginaba al sistema cooperativo, motivó que no haya minería estatal”, sostuvo.


NUEVOS CONTRATOS
La ley establece además que 1.500 nuevos contratos mineros deben ser revisados y aprobados por la Asamblea Legislativa. De acuerdo a la normativa promulgada, una vez que el contrato pase al Legislativo, este Órgano tiene un plazo de 90 días para pronunciarse sobre el contrato administrativo minero. “En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección”, cita.
García agregó que el gran reto del Estado y pueblo boliviano es industrializar “absolutamente toda la producción minera” hasta el año 2025.
El senador potosino Eduardo Maldonado (MAS) calificó a la nueva ley como "antinacional, entreguista y antipotosina", según su apreciación.