RESPUESTA. Germán Saltrón, agente del Estado de Venezuela, habla en San José.

DEMANDA AL ESTADO VENEZOLANO ANTE CIDH

Cadena RCTV pide justicia por cierre de su estación

San José/EFE

RCTV, la cadena privada de televisión venezolana a la que una decisión del Gobierno dejó fuera del aire en 2007 después de 53 años, pidió ayer a la Corte Interamericana que haga justicia, mientras que el agente del Estado de Venezuela negó que la medida haya obedecido a razones políticas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, comenzó ayer una audiencia de dos días por la demanda contra Venezuela por supuestas violaciones de los derechos humanos al no renovar la concesión a RCTV debido, aparentemente, a su línea editorial contraria al Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
Marcel Granier, dueño de la cadena que desapareció de la señal abierta de televisión cuando era una de las de mayor audiencia de Venezuela, dijo ante los jueces que espera una condena contra el Estado y que se repare el daño ocasionado a la empresa y sus trabajadores, que eran unos 3.000 en el año 2007.
"Queremos que se haga justicia. Nos hicieron un daño y queremos que ese daño sea compensado. Que se restituya el ejercicio de nuestros derechos, que se nos compense los daños y que se castigue a los responsables", manifestó Granier.
Por su parte, el agente del Estado ante la CorteIDH, Germán Saltrón, aseguró que la no renovación de la concesión a RCTV (Radio Caracas Televisión) estuvo apegada al marco jurídico venezolano y se llevó a cabo para utilizar las frecuencias con el fin de promover valores.
"No ha sido por la línea editorial, es para darle paso a una emisora donde estén presentes los valores nacionales. Las televisoras no tienen valores, de hecho las televisoras en lugar de informar lo que hacen es desinformar, y en vez de crear valores dan antivalores", dijo Saltrón.
El agente adujo que la puesta al aire de novelas sobre narcotraficantes está fomentando conductas delictivas en la sociedad.
"Todo el aumento de la inseguridad social la tiene, en parte, la televisión que da antivalores", apuntó.
Por su parte, el testigo propuesto por el Estado, José Leonardo Suárez, declaró a los jueces que el manejo de las frecuencias es un "acto discrecional" del Gobierno al tratarse de un bien de dominio público.