Los nudos de las cuerdas separadas

Marcos Aguirre

Los gobiernos de Sebastián Piñera y Ollanta Humala desplegaron, a través de sus Cancillerías y también a través de los grupos empresariales de influencia corporativa en Chile y Perú, los mayores esfuerzos para conducir y consolidar lo que se denominó la política de las “cuerdas separadas”.
Esta política tuvo el propósito mediático de reflejar la madurez y seriedad con la que ambos países conducían su política exterior a la par de tener pendiente el conflicto judicial ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Bien comportados, superaron todos sus remilgos sobre la competencia de la Corte cuyo fallo “salomónico” fue previsible para ambos países; ni Perú lograría el trazo completo de su línea equidistante, ni Chile perdería completamente aquel del paralelo desde la costa; las consecuencias en términos materiales no serían graves para ninguno de los dos países, pero habían otros intereses que cuidar.
Paralelamente, concurre la astucia política del sector empresarial corporativo chileno-peruano que nunca perdió influencias en la configuración de los sucesivos gobiernos y sus políticas de fomento a la inversión transnacional.
Los privados movieron sus fichas con objetivos explícitos: por una parte preservar las inversiones que cruzaron a uno y a otro lado de la línea de la concordia y que fueron consolidándose en la última década: consorcios de administración portuaria en Arica, megaempresas multinacionales de pesca, emprendimientos bancario-comerciales (Ripley, Falabella, Banco de Crédito, LAN, etc.) también en los sectores de minería, transportes e innumerables intereses que sumaron miles de millones de inversiones.
Por otra parte, el propósito explícito fue bloquear cualquier posibilidad de que Bolivia interfiera en este paraíso de intereses virtuosos; el país transandino simplemente no cabe en los planes de consolidación de estos negocios, no sólo porque no tiene socios capitalistas privados de ninguna talla que pueda participar en ellos y porque hoy, el gobierno de Evo Morales y el MAS no es bienvenido en los esquemas de las políticas neoliberales que todavía soportan sus privilegios. Bolivia repudia la Alianza para el Pacífico, por lo que ya no califica para ser parte del esquema con miradas al Asia-Pacífico.
En el intento de matizar la política, los gobiernos, bien auspiciados por las corporaciones, reunieron académicos que superaron diferencias, a obispos y curas que celebraron misas, a dirigentes aymaras que masticaron coca boliviana, a delegaciones estudiantiles premiadas con viajes, a militares que se condecoraron mutuamente, a cancilleres y diplomáticos que celebraron su oficio y alentaron muchos seminarios y encuentros en los que hasta un ex presidente peruano se atrevió a descalificar la demanda boliviana. Por supuesto que a ninguna de estas actividades se invitó a participar a Bolivia o a algún boliviano.
En suma, a los intereses político-corporativos chileno peruanos les costó mucho consolidar sus intereses; los límites terrestres y marítimos ya no son un problema, excepto aquella frontera al Este, con Bolivia, que debe quedar cerrada (“para siempre”, Heraldo dixit) para no contaminarse ni alterar el provecho que brindan a sus accionistas/electores.
Los nudos que ataron las cuerdas separadas fueron nudos “ciegos” que no permiten mirar a todos los pueblos de una región que comparte culturas y miradas más generosas que las de una empresa multinacional, o de gobiernos con falta de sinceridad y coraje para abordar el injusto e insostenible encierro de Bolivia.