COLUMNA VERTEBRAL

Un siglo de política chilena favorable a la soberanía boliviana

Carlos D. Mesa Gisbert

En plena Guerra del Pacífico, a fines de 1879, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Domingo Santa María, dijo: “No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia. Privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo”. Esta afirmación puede entenderse como el diseño de una política de Estado por parte de Chile. ¿Con que objetivo?, resolver de manera definitiva la relación de posguerra con Bolivia. Santa María se dio cuenta de lo evidente.
Había un límite en la presión contra el vecino vencido, no era sensato dejarlo en un callejón sin salida. Hacerlo, intuía correctamente, era enfrentar indefinidamente un problema cuyo costo no tenía sentido ni para la imagen de su país ni para el desarrollo futuro de ambos estados.
Esa lúcida visión la ratificó en 1880 el propio presidente Aníbal Pinto al afirmar: “Al hacernos dueños del Litoral boliviano, era preciso darle a Bolivia salida al Pacífico”. La línea siguió inalterable en 1895 en el gobierno del presidente Jorge Montt con el Tratado de Canje Territorial que establecía que Chile cedería a Bolivia un puerto en el Pacífico o una caleta que viabilice un puerto.
Ese presupuesto fue desechado en el gobierno de Germán Riesco con el Tratado de 1904. Pero fue un espejismo. No fue gratuita mi frase de que “en 1904 se firmó un Tratado de Paz pero no de Amistad” (dicha al cumplirse los 100 años del nefasto Acuerdo). El espejismo fue roto por Daniel Sánchez Bustamante cuando en 1910 plantó la bandera de nuestra política exterior post 1904: “Bolivia no puede vivir aislada del mar. Ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible para llegar a poseer un puerto… sobre el Pacífico”.
El largo interregno entre el tratado de 1895, el Tratado de 1904 y la demanda boliviana ante la Sociedad de las Naciones, no rompió –como podría creerse– la línea de continuidad de la política exterior chilena basada en la doctrina Santa María. En la presidencia de Juan Luis Sanfuentes en 1920, Chile expresó su voluntad de otorgarle a Bolivia una “salida propia al Mar” (Emilio Bello Codecido) y la ratificó ofreciéndole un puerto al norte de Arica y un enclave (Agustín Edwards). En 1923, el presidente Arturo Alessandri expresó directamente su disposición a negociar con Bolivia para otorgarle “el acceso a vuestra República al mar a través de un puerto propio”. Esa política estatal chilena continuó en el gobierno de Emiliano Figueroa en 1926, cuyo ministro Jorge Matte afirmó que Chile “no ha rechazado la idea de concederle un territorio y un puerto a la nación boliviana”.
Política chilena que tampoco se extinguió cuando los presidentes Carlos Ibáñez del Campo y Augusto Leguía firmaron el Tratado de 1929 que buscaba imponer, por ese acuerdo chileno con el Perú, nuestro aislamiento y el fin del problema boliviano. El país no se rindió y de ello dio prueba el presidente Gabriel González Videla, quien se avino en 1950 a iniciar una negociación amplia “que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico”. Doce años después, en 1962, durante el gobierno de Jorge Alessandri, el embajador Manuel Trucco expresó “la posibilidad de satisfacer las aspiraciones de ésta (Bolivia)”.
Es archiconocida la contrapropuesta hecha por Chile en 1976, en el gobierno de Augusto Pinochet, que aceptó negociar nuestra salida soberana al mar a través de un corredor con continuidad territorial en la línea de la Concordia. En ese mismo gobierno, en 1983, el ministro de Exteriores de Chile, Miguel Schweitzer, suscribió la resolución de la OEA a favor de Bolivia y accedió a: “buscar una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico”.
Ocho presidentes de Chile, a lo largo de más de un siglo, marcaron una política de Estado basada en una doctrina que combinaba el pragmatismo con la sensatez. El razonamiento de estos mandatarios se sustentaba en el mayor interés de Chile. Esa larga línea de política exterior asumió por razones más que evidentes (que 120.000 km2 y 400 km de costa explican mejor que ningún alegato) que debía resolverse el problema con Bolivia con la soberanía como base. No es verdad que “soberanía” sea una palabra-fetiche boliviana, fue el corazón de los esfuerzos de los gobiernos chilenos que entendieron que lo escrito por Sánchez Bustamante no era una frase de efecto sino la decisión indeclinable de un país. La soberanía fue una realidad histórica arrebatada por la violencia, negada por un tratado que no resolvió lo esencial, y es un elemento –en la dimensión que el término tiene en el siglo XXI– que más temprano que tarde tendrá que ser retomada por Chile, como lo hicieron ocho de sus más destacados gobernantes.