Viernes, 6 de junio de 2014
 

ENFRENTAMIENTOS EN PER�

Piden investigar actuaci�n del ex presidente Garc�a

Piden investigar actuaci�n del ex presidente Garc�a

Cinco a�os despu�s de los enfrentamientos que dejaron 33 muertos y un desaparecido en la provincia peruana de Bagua, los familiares de las v�ctimas y los implicados en el caso exigieron ayer que se determine la responsabilidad de las autoridades del segundo Gobierno de Alan Garc�a (2006-2011).
El "Baguazo", como se conoci� a la represi�n de la protesta ind�gena, "es un episodio tr�gico para el pa�s que nos dej� marcados y con muchas lecciones que ojal� hayamos sabido aprovechar", declar� ayer el ministro peruano del Interior, Walter Alb�n, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
El 5 de junio de 2009, en una zona denominada "Curva del diablo", en la carretera hacia la ciudad amaz�nica de Bagua, murieron 11 agentes y diez civiles y desapareci� el mayor de la Polic�a Felipe Baz�n.
Los otros fallecidos, en su mayor�a polic�as, murieron durante la toma de un lote petrolero en el interior de la provincia.
La intervenci�n policial tambi�n dej� 200 heridos, en Bagua y Utcubamba, los lugares hacia donde se dirigi� la represi�n de la protesta ind�gena, que se origin� en rechazo a unas leyes del segundo Gobierno del ex presidente Alan Garc�a para facilitar las actividades extractivas en la selva.
Alb�n afirm� que Bagua marc� un estilo de trabajo policial, pero que ahora "la polic�a hace un esfuerzo enorme por no utilizar armas" y, en su lugar, "generar mecanismos de di�logo".
El l�der ind�gena Alberto Pizango declar� que "el pa�s y el mundo necesitan saber la verdad completa de lo que pas�, para que nunca m�s vuelva a repetirse".
La justicia peruana abri� recientemente un proceso por los sucesos en la "Curva del diablo" contra 52 personas, 23 de ellas ind�genas de las etnias awaj�n y wampis, que afrontan acusaciones de homicidio calificado, lesiones graves, entorpecimiento al funcionamiento de servicios p�blicos, rebeli�n, sedici�n y mot�n, delitos contra la tranquilidad p�blica y arrebato de armamento o municiones de uso oficial. EFE