EDITORIAL

Contradictorias políticas alimentarias

Una serie de contradicciones, la más notable de las cuales ha sido la incongruencia entre los compromisos asumidos por algunas autoridades gubernamentales con los empresarios ganaderos para apoyar y fomentar la exportación de carne, mientras, al mismo tiempo, otras se comprometían con los comercializadores para prohibirla, han vuelto a poner en evidencia lo difícil que le está siendo al gobierno actual definir una política alimentaria nacional que esté más allá de las improvisaciones y de las conveniencias circunstanciales.
En efecto, el que en tan pocos días se haya puesto tan claramente en evidencia tan importante disparidad de criterios indica que no está siendo fácil armonizar visiones no sólo diferentes, sino incluso diametralmente opuestas, sobre la mejor manera de afrontar algunos de los más importantes temas de la agenda nacional, entre ellos el relativo a la seguridad alimentaria.
La polémica desatada con motivo de la exportación de carne no es un caso aislado sino una más de las muchas maneras como se expresa esa contradicción. Como antecedente inmediato del tema, cabe recordar que hace algunos meses entre autoridades gubernamentales y representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente se suscribió un acuerdo mediante el que se dio un giro radical a las políticas estatales que en materia alimentaria se adoptaron durante los últimos años. El principal objetivo del acuerdo fue sentar las bases de una política alimentaria capaz de aumentar sustancialmente la producción de alimentos en los suelos de nuestro país.
La base de esa nueva política alimentaria fue el compromiso gubernamental de adoptar un conjunto de medidas de carácter financiero, legal y administrativo para despejar los obstáculos que según los empresarios agroindustriales dificultan sus actividades productivas. Entre ellos se destaca la inseguridad jurídica ocasionada por una serie de normas que van desde mandatos constitucionales hasta regulaciones sectoriales que, desde el punto de vista de los empresarios, durante los últimos años los privaron de los estímulos necesarios para invertir y encarar los proyectos ambiciosos y enfocados a largo plazo que son los que hacen falta para aumentar la producción de alimentos.
En ese contexto, la reciente polémica sobre la carne es un ejemplo de lo difícil que resulta asumir esos compromisos, pues muchos de ellos se oponen a otros lineamientos que hasta hace poco eran considerados incuestionables, como dar prioridad al mercado interno, la protección del medio ambiente, la prohibición de cultivos transgénicos, entre otros mandatos legales y constitucionales incompatibles con el objetivo de convertir al oriente boliviano en una zona productora de grandes volúmenes de alimentos destinados al mercado exterior, principalmente a China.
En ese contexto, y más allá de las pugnas circunstanciales entre diferentes sectores económicos y corrientes doctrinarias, lo que está en juego es la definición de una política alimentaria proyectada no hacia las próximas elecciones, sino a las próximas décadas. Y ese no es un pequeño detalle en una época en la que la competencia por los recursos alimenta{epoca rios ya es uno de temas más importantes de la agenda mundial.