EDITORIAL

El TAM y los plazos que no se cumplen

Por enésima vez –ya son tantas que es imposible llevar la cuenta– el Servicio de Impuestos Nacional (SIN) ha ratificado su intención de hacer efectivo el cobro de más de 55 millones de bolivianos que Transporte Aéreo Militar (TAM) debe por concepto de impuestos evadidos y acumulados durante los últimos años.
Por enésima vez también, las intenciones del SIN no han merecido más que el desdeñoso silencio de los administradores de la empresa aérea militar, tal como viene ocurriendo desde 2008 que es cuando la deuda tributaria se comenzó a acumular.
Casi simultáneamente, hace pocos días, la Autoridad de Control y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) también anunció su decisión de hacer cumplir el nuevo plazo, esta vez postergado hasta septiembre próximo, para que el TAM termine su proceso de adecuación a la legalidad de modo que acepte por fin ser regulada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), como corresponde a cualquier empresa del rubro aeronáutico.
A la DGAC y a la ATT no les va mejor que al SIN, pues sus esfuerzos para hacer que el TAM se someta a lo que manda la ley son del todo estériles y cada vez que se cumplen los plazos fijados sólo atinan a otorgar una nueva ampliación. La más reciente postergación se produjo a fines de abril pasado, cuando se cumplió el plazo de ocho meses fijado en agosto de 2013 para que el TAM empezara a operar como una empresa aérea formal.
En febrero, el Viceministerio de Transportes afirmó que hasta junio el TAM tenía plazo para presentar toda la documentación requerida para que se convierta en una empresa estatal comercial regulada por la ATT y la DGAC. Junio ya está corriendo y se espera que esta vez se cumpla el nuevo plazo fijado “entre septiembre y octubre” por las autoridades del sector para que la empresa militar termine los trámites necesarios para su adecuación a la legalidad.
Lamentablemente, son tantos los incumplimientos acumulados durante los últimos meses y años que los anuncios provenientes de las autoridades encargadas de hacer cumplir lo que manda la ley ya no son suficientes. Hasta ahora, ha podido más la impunidad con que esa empresa de las Fuerzas Armadas ha logrado resistirse a cumplir los requisitos mínimos que en cualquier país del mundo se exige a empresas dedicadas al transporte de pasajeros, por lo que sólo los hechos consumados, plasmados en la regulación de la DGAC, de la ATT y en el pago de sus deudas tributarias, lograrán devolver la tranquilidad y la confianza a la ciudadanía y especialmente a quienes son usuarios frecuentes de los servicios del TAM.
Mientras eso no ocurra, mientras no se pase de los anuncios a los hechos, seguirá siendo enorme el riesgo al que se somete diariamente a miles de pasajeros que, a pesar del desprestigio en que está sumida esa empresa, recurren a ella por falta de información adecuada sobre su verdadera situación o por cubrir rutas en forma exclusiva.